El Constitucional francés anula una parte significativa de la polémica ley de inmigración
El Consejo Constitucional francés ha anulado este jueves una parte significativa de la polémica ley de inmigración, incluidos el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
También figuran entre las medidas reprobadas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa.
Un total de 37 artículos de la ley, referida a los migrantes extracomunitarios, que equivalen al 40 %, han quedado anulados total o parcialmente por el Consejo Constitucional, 32 de ellos por razones que se pueden considerar puramente formales.
Esos 32 artículos quedan apartados porque fueron añadidos durante el debate parlamentario al texto del proyecto de ley que presentó inicialmente el Gobierno y no tienen una relación directa con el objeto de ese proyecto inicial.
Se trata de disposiciones impuestas por el partido de la derecha conservadora, Los Republicanos, para obtener su voto, que era necesario para que la ley saliera adelante.
Por eso se explica que uno de los que primero quiso cantar victoria por la decisión constitucional ha sido el ministro del Interior, Gérald Darmanin, autor del proyecto de ley, que en un mensaje en X ha subrayado que se ha validado "la totalidad del texto del Gobierno".
LR, el más damnificado por la decisión judicial, ha reaccionado por boca de su presidente, Eric Ciotti, quien ha acusado a los miembros del Consejo Constitucional de "juzgar de forma política y no jurídica" y consideró "imprescindible" una reforma constitucional "para salvaguardar el destino de Francia".
El presidente del partido de la ultraderecha, la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha denunciado "un golpe de fuerza de los jueces" constitucionales, porque su dictamen "anula las medidas de firmeza con más apoyo entre los franceses".
Así, el Consejo Constitucional ha tumbado uno de los símbolos de la derecha para controlar la inmigración, la imposición de cuotas de entrada, pero lo ha hecho por razones de forma.
Por el contrario, ha dado su visto bueno a un dispositivo controvertido que obliga a los extranjeros extracomunitarios que quieran obtener un permiso de residencia que suscriban un contrato por el que se comprometen a respetar los principios de la República francesa.
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