El Senado admite la ley de amnistía, que podrá tramitarse hasta el 16 de mayo
La Mesa del Senado ha dado ya el visto bueno a tramitar la proposición de Ley orgánica de Amnistía y ha decidido que se haga por el procedimiento ordinario, según ha solicitado el PP, que cuenta con mayoría en la cámara, sin la urgencia con la que se tramitó en el Congreso. Se podrá tramitar hasta el 16 de mayo.
Tal y como los letrados de la Secretaría General del Senado propusieron a la Mesa la víspera, el acuerdo que ha sido llevado a votación por el presidente, Pedro Rollán, incluía dos informes jurídicos: uno para reafirmar la obligación constitucional de tramitar la norma (para cubrirse ante la demanda de Vox de inadmitir) y otro sobre la inconstitucionalidad y los defectos de la tramitación previa en el Congreso.
La Mesa ha aprobado que la tramitación la haga una comisión conjunta entre senadores de las comisiones Constitucional y de Justicia, tal y como recomendó también la Secretaría General en los informes que trasladó este lunes.
En esa comisión, de 32 senadores, el PP tendrá 17 senadores, el PSOE 9, el grupo formado por ERC y Bildu 2 y los otros cuatro grupos, uno cada uno.
Es la primera proposición de ley procedente del Congreso que se tramita en el Senado en esta legislatura.
Informes de los letrados
De forma previa, y ante las demandas de Vox, la Mesa ya encargó un informe a los letrados y las letradas para que ratificaran la obligación que tiene de dar curso a una proposición aprobada por el Congreso. En el texto, los y las juristas creen que la Cámara Alta debe admitir a trámite la proposición ya que se trata de una "obligación automática" según el artículo 90.1 de la Constitución.
En otro informe, no obstante, subrayan que la ley es inconstitucional. "El texto que se recibe en el Senado debe continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados (y aún no resueltos) en las observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso", incide el texto.
En este sentido, señalan derechos fundamentales vulnerados como el de la igualdad, la libertad ideológica, la seguridad jurídica o valores como el de la separación de poderes.
Este segundo informe considera que hubo "irregularidades" en su "procedimiento legislativo" en el Congreso, donde precisamente se emitieron dos informes jurídicos diferentes. En un primero, se señaló la proposición de ley no tenía "contradicción evidente y palmaria" frente a la Constitución, mientras que un segundo expresaba sus dudas sobre su encaje en la Carta Magna.
Por último, el informe también alerta de "fraude constitucional" al elaborarse una ley que no tiene encaje en la Constitución y que supondría "una reforma constitucional encubierta".
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