Denuncian que el Ayuntamiento de Pamplona "ha perdido 30 millones de euros" por ocultar UPN un informe
EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa han denunciado este viernes que las alcaldías de UPN hayan "permitido" que Pamplona pierda 30 millones de euros desde 2021 de forma "consciente" por ocultar un informe de la ponencia de valoración para actualizar los valores catastrales.
Todos los grupos municipales se han mostrado muy enfadados por este tema.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, ha pedido dimisiones, ya que cree que los responsables de UPN que han "escondido en un cajón" las actualización de la ponencia de valoración catastral de la ciudad "deberían marcharse a su casa hoy mismo".
Asiron ha explicado a los medios de comunicación que la ponencia de valoración es un documento "que sirve para calcular lo que el Ayuntamiento debe ingresar por propiedades que están dentro de su término municipal, viviendas, pisos, etcétera. Y por lo tanto, es una fuente de ingresos importantísima".
Es una ponencia, ha apuntado, que "hay que actualizarla periódicamente porque, si no, por mor de la inflación va perdiendo su valor", pero Pamplona "lleva sin actualizar su ponencia de valoración desde hace 25 años, con todo lo que ello supone". En 2016, ha señalado Asiron, desde la alcaldía de EH Bildu se inició una actualización parcial y en 2018 se encargó una nueva ponencia de valoración.
Ha denunciado que han estado demandando que se realizará la valoración y ahora se han enterado de que estaba realizado "y lo tenían guardado, lo tenían escondido en un cajón desde el año 2021, lo que ha supuesto que Pamplona haya dejado de ingresar en torno a 10 millones al año, es decir, un total de 30 millones de euros".
Hallazgo de manera "casual"
Los representantes municipales se habrían enterado "de manera casual", tras una comparecencia en comisión de los técnicos de la empresa pública Tracasa, que informaron de que ya en 2021 habían concluido los trabajos técnicos para poder haber aprobado la nueva ponencia de valoración municipal.
Desde el PSN-PSOE, su portavoz, Marina Curiel, ha señalado que "la sorpresa fue cuando descubrimos que, aunque el trabajo se terminó en 2021, fue orden de Navarra Suma paralizar dicha actualización".
Desde el grupo municipal socialista lamentan que "debido a la irresponsabilidad en la gestión municipal de las derechas y la dejadez de UPN en la breve legislatura de Ibarrola, la Ponencia no está actualizada y no podemos incorporar bonificaciones fiscales de hasta el 90 % para familias numerosas, monoparentales con rentas bajas y para personas con pensiones no contributivas, rentas garantizadas o mínimo vital, entre otras".
Para el portavoz de Geroa Bai, Mikel Armendariz, "UPN y sus alcaldías han permitido de manera consciente que Pamplona-Iruña pierda 30 millones de euros desde 2021". "Enrique Maya y UPN a pesar de que sabían que era necesario actualizar la ponencia de valoración, no lo hicieron para evitar tener que aumentar la contribución a la ciudadanía de Iruña, la guardaron en un cajón, para evitar un desgaste electoral en 2023", ha añadido.
En el mismo sentido, Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha denunciado que "Enrique Maya y Cristina Ibarrola han ocultado una información esencial, han mentido y han estafado a la ciudadanía de Pamplona" y es que la ocultación de este informe, ha tenido consecuencias "muy graves para la solvencia económica de la ciudad".
Ibarrola niega haber ocultado nada: "Era un borrador inicial, no se podía dar por acabado"
Por su parte, la exalcaldesa de Pamplona y portavoz de UPN en el Ayuntamiento, Cristina Ibarrola, se ha defendido de las acusaciones negando haber ocultado el documento de la ponencia de actualización de valoración catastral y señalando que era un "borrador inicial con desajustes importantes que no se podía dar por acabado".
La exalcaldesa ha explicado que, de tenerse en cuenta aquel borrador, los vecinos de barrios con menor poder adquisitivo habrían pagado más en impuestos y les hubiera supuesto una "penalización" y ha añadido que UPN prefiere que "ese dinero siga en el bolsillo de los ciudadanos" porque no es su prioridad "subir impuestos".
Ha defendido que el trabajo estaba inacabado, que se acabaría en noviembre de 2024 y que su intención era la de que entrará en vigor en enero de 2025.
"Todavía el 26 de abril se dijo que estaba sin finalizar. ¿Por que nos hemos encontrado un documento que los técnicos pidieron que no se filtrara? No se puede dar cierta información que es bulo. 30 millones son ciencia ficción. Con un documento inacabado no se conoce cuál sería el montante", ha zanjado.
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