La Fiscalía Europea reclama la investigación de la Audiencia Nacional del caso Koldo

La Fiscalía Europea se ha considerado competente para asumir el caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional ha investigado hasta ahora la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas a una empresa en pandemia y en la que uno de los principales imputados es Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de reclamar hacerse cargo de la investigación judicial que llevaba a cabo hasta ahora la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Europea, que ya había asumido la investigación de las adjudicaciones de los gobiernos de Islas Baleares y Canarias a esa misma empresa, pretende así "investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según informa en un comunicado.

La decisión de la Fiscalía Europea se produce en un momento en el que el juez Ismael Moreno tiene encima de su mesa un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a que el exministro Ábalos tuvo conocimiento de los contratos investigados y de la empresa sobre la que pivota la causa, de mano de su exasesor Koldo García.

También destaca el papel que jugaron varios altos cargos del actual Gobierno, lo que motivó que el juez solicitara ayer mismo al Ministerio de Transportes los correos de dos de ellos: el actual subsecretario de este departamento, Jesús Manuel Gómez, y también de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos.

¿Qué ocurre ahora?

Según fuentes jurídicas, ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pedirá un informe a la Fiscalía Anticorrupción, que es la que ha llevado la investigación con él hasta el momento.

Tras recibir ese informe, que no es vinculante, si Anticorrupción se opone a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso, como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.

Si finalmente la Fiscalía Europea se queda con la investigación, el juzgado de la Audiencia Nacional que la dirigía hasta ahora la dejará completamente en sus manos ya que, a diferencia del modelo español -en el que las investigaciones las dirige un juez-, en el europeo la asume totalmente la Fiscalía.