El Constitucional admite a trámite los recursos de los gobiernos del PP y de García-Page contra la amnistía
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes por unanimidad los 14 recursos presentados por las comunidades autónomas contra la ley de amnistía, así como dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El pasado día 3 el Pleno admitió el recurso de las Cortes de Aragón, que fue el primero presentado desde una comunidad autónoma contra la norma y, como consecuencia, la corte de garantías ha acordado dar luz verde al resto de las impugnaciones autonómicas presentadas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
El tribunal ha tomado esta decisión tras atender el informe de los letrados que se han pronunciado a favor de la legitimidad de los gobiernos y asambleas regionales para impugnar la norma.
Se tratan de las impugnaciones presentadas por los once gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y dos parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Murcia y Cantabria.
También el recurso presentado por del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único barón del PSOE que ha recurrido el texto ante el TC.
Y ha hecho lo mismo con dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el TSJC. En la tercera, el tribunal ha pedido un informe al fiscal sobre su admisión porque al mismo tiempo plantearon cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE contra la ley de amnistía, explican las fuentes.
A la espera de lo que suceda con este último caso, son 19 los recursos que el tribunal tramitará contra la norma: 15 de las comunidades autónomas, dos del TSJC, uno del PP y el primero de todos, que marcará la línea a seguir, la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo.
Ahora bien, antes de entrar en materia con los recursos, el tribunal tendrá que resolver primero el incidente de recusación contra el magistrado conservador Jose María Macías, que admitió a trámite hace dos semanas, a quien la Fiscalía le acusa de falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma.
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