Denuncian ante la Justicia la muerte bajo torturas del gudari Txomin Letamendi en 1950
Tras la presentación de la querella de Josu Múgica Ayestaran el pasado mes de julio, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) ha informado este viernes de su iniciativa para la presentación de una segunda querella. En este caso, se trata del caso emblemático de Txomin Letamendi Murua, militante de EAJ-PNV, por el cual la familia ha presentado la querella ante el juzgado de Donostia por delitos de lesa humanidad. Concretamente, "por las graves torturas físicas y mentales que practicó con él la Policía franquista, así como por las penosas condiciones de prisión que le condujeron a la muerte", han explicado.
La querella se presenta en vísperas de que hoy, precisamente, se cumplan 74 años de su muerte. Txomin Letamendi Murua nació en Bilbao en 1901, fue ciudad en la que desarrolló su carrera de músico en diferentes bandas y en la Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Durante la Guerra Civil fue comandante de gudaris y tras la caída de la capital vizcaína tuvo que exiliarse a París donde colaboró con los Servicios de Información Vascos bajo órdenes del lehendakari José Antonio Aguirre.
Allí conoció a la ondarrutarra Karmele Urresti, enfermera y componente del coro Eresoinka, con quien, tras la entrada de los nazis a París, se exilió a Venezuela.
Tres años más tarde y tras una petición expresa del lehendakari Aguirre, regresaron a Euskal Herria para continuar trabajando en los Servicios de Información, integrándose así en la resistencia antifranquista.
Fue detenido en Donostia en 1946 y, tras ser puesto en libertad condicional, arrestado nuevamente en Barcelona al año siguiente. Sometido a consejo de guerra, se le impuso la condena de cinco años por un delito de conspiración para la rebelión.
Su deterioro físico y psíquico en la prisión de Guadalajara aceleró su puesta en libertad, deterioro que le llevó a la muerte dos meses después, el 20 de diciembre de 1950 en Madrid donde se encontraba bajo los cuidados de su hermano Juan.
Según GEBehatokia, "estos hechos constituyen indudablemente crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles e in-amnistiables, tal y como, además del Derecho Internacional, reconoce la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".
Sin embargo, "los juzgados están haciendo oídos sordos a esta ley, plegándose a la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía y desestimando querellas y sus recursos para denegar la investigación y en su caso sometimiento a juicio a los criminales franquistas", ha denunciado.
En palabras de este colectivo, "las víctimas del franquismo que sufrieron gravísimas violaciones de derechos a finales de la década de los 40 y 50 están especialmente desprotegidas: no fueron acogidas por decretos de reconocimiento e indemnización para las víctimas directas de la guerra e inmediata postguerra".
Conscientes de las dificultades que las víctimas del Estado y sus familias encuentran para obtener justicia y reparación, GEBehatokia ha reiterado su voluntad a "acometer todas las acciones posibles para demostrar la impunidad, el encubrimiento a los perpetradores de los aparatos estatales y la inhibición del sistema judicial para investigar los hechos, establecer responsabilidades y otorgar justicia a estas víctimas".
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