El Gobierno Vasco llevará al Constitucional la decisión del Supremo sobre la homologación de títulos
El Gobierno Vasco presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la decisión del Tribunal Supremo de anular la transferencia a Euskadi de la competencia de homologación de títulos universitarios extranjeros.
Así lo ha anunciado Maria Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. En una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, ha explicado que se ha adoptado esta decisión con el objeto de "defender el autogobierno" de Euskadi.
Ubarretxena ha adelantado que el Gobierno Vasco argumentará que se ha producido una vulneración de la tutela judicial efectiva y alegará "indefensión" al considerar que el Tribunal Supremo "se ha excedido en sus funciones al delimitar el reparto competencial Estado-Euskadi cuando es una función específica del TC al tener especial trascendencia constitucional".
"El Estatuto de Gernika confiere a Euskadi la competencia de la enseñanza en toda su extensión", ha dicho la portavoz quien ha insistido en que con el traspaso "no se trata de establecer normativamente la regulación de las condiciones de homologación de títulos académicos ni de incidir en las normas básicas para el desarrollo, sino de su ejecución".
Ubarretxena ha indicado que como paso previo a la presentación del recurso de amparo ante el Constitucional, el Gobierno Vasco interprondrá un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Tribunal Supremo. Este es un trámite necesario para acudir en amparo al TC.
Asimismo, ha señalado que las personas afectadas también podrán plantear incidente de nulidad de actuaciones ante el TS al no haber sido emplazadas como personas interesadas en el proceso, como paso previo, en su caso, a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
200 peticiones de homologaciones
La consejera Ubarretxena también ha indicado que el Gobierno Vasco y el español están valorando la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria para dar salida a las 200 peticiones de homologaciones que tras la sentencia han quedado sin resolver. Ha añadido que "se baraja la opción de solicitar la modificación del Art 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, para incorporar que la ejecución de los procesos de homologación y declaración de equivalencia correspondan a las Comunidades Autónomas".
Ha explicado que junto al Gobierno español se va a promover un nuevo camino ante la jurisdicción constitucional. "Activaremos la tramitación de una ley orgánica que regule de forma clara e inequívoca que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Trasferencias, las transferencias de las diferentes competencias tengan acceso a dicha jurisdicción" ha concluido.
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