El Gobierno español inicia el complicado blindaje constitucional del derecho al aborto

El Gobierno de España ha puesto en marcha este martes las medidas para garantizar el derecho al aborto tanto a través de la reforma de la Constitución, que el Ejecutivo reconoce que será complicado sacar adelante, como requiriendo a tres comunidades autónomas gobernadas por el PP que creen los registros de objetores de conciencia para cumplir la ley.

El Consejo de Ministros ha impulsado este martes una reforma para hacer de la Constitución un "escudo" para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente a la "ola reaccionaria", modificación que necesitará el apoyo del Partido Popular para salir adelante; un PP en el que conviven distintas sensibilidades sobre esta cuestión.

El Ejecutivo sabe que esta reforma constitucional no va a ser sencilla, como ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se necesitarán tres quintos del Congreso y del Senado y, por tanto, solo el voto favorable del PP permitiría que el aborto entrara en la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que Feijóo ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener "ningún problema, ni político ni intelectual".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad ha mostrado su esperanza en que "el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres" y ha prometido "diálogo" y "búsqueda de confluencia de voluntades" para lograrlo.

Tras el anuncio de reforma ordinaria de la Constitución, en concreto del artículo 43 del derecho a la salud, el líder popular no se ha pronunciado, aunque en los últimos días cuando se planteó la cuestión, ya se mostró contrario a abordar una reforma constitucional.

Este mismo lunes, el líder del PP insistió en que su partido mantiene una posición “muy clara” sobre el aborto, legal desde hace décadas, cuya prestación está incorporada a la cartera de sanitaria y está plenamente incorporada al ordenamiento jurídico.

Quien sí ha hablado este martes ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reiterado que en su región no habrá "listas negras" de médicos, en referencia al registro de objetores que mandata la ley del aborto.

Una reforma ordinaria del artículo 43

La propuesta gubernamental de reforma de la Constitución para incluir el aborto será ordinaria y modificará el artículo 43, relativo al derecho a la salud.

En concreto, incluirá un nuevo apartado, el número cuatro, que reconocerá el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligará a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva para todas las ciudadanas.

"Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres", es el texto propuesto para la reforma constitucional.

La propuesta ha llegado al Consejo de Ministros tras intensas negociaciones entre PSOE y Sumar. A primera hora de la mañana, el socio de Gobierno de los socialistas mostraba su preocupación por la fórmula elegida y alertaba de que una mera mención al aborto en la Constitución no serviría de nada e incluso podría conllevar riesgos.

Al final, ambas formaciones han consensuado una redacción que Sumar ve con buenos ojos como punto de partida. Redondo ha afirmado que el texto aúna toda la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho hasta ahora sobre el aborto.

Una vez consensuada, el Gobierno la ha enviado al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses, paso imprescindible antes de que el texto llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Requerimientos a Madrid, Aragón y Baleares

De forma paralela a estos primeros pasos para incluir el derecho al aborto en la Constitución, y ante las reticencias de algunas comunidades gobernadas por el PP, el Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, a Aragón y a Baleares para que elaboren un registro de objetores de conciencia al aborto como marca la ley.

Si Sanidad no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las obligue un juez.