La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español
La gestión privada de hospitales públicos se ha convertido en motivo de nueva confrontación política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español. La controversia estalló tras la publicación, por parte del diario El País, de una grabación en la que el CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, instaba a sus responsables a rechazar pacientes y reducir intervenciones menos rentables para incrementar el beneficio económico.
El Hospital Universitario de Torrejón, inaugurado en 2011 bajo el mandato de Esperanza Aguirre, funciona mediante un modelo de gestión público-privada. La propiedad y financiación son públicas, mientras que la prestación del servicio sanitario está adjudicada al grupo Ribera Salud mediante una concesión administrativa.
Desde la Consejería de Sanidad madrileña han remarcado que “en ningún caso se va a tolerar ninguna práctica que perjudique el acceso a la asistencia sanitaria”. La Consejería ha convocado de urgencia una reunión con la dirección de la empresa y ha desplazado a un equipo técnico al hospital para analizar la situación sobre el terreno. Aun así, el departamento asegura que “no se ha detectado hasta ahora ningún incumplimiento” del contrato de concesión.
La reacción del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido contundente. En un mensaje en la red social X, acusó al PP de “hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse”. Añadió que lo ocurrido evidencia “en qué consiste la privatización de la sanidad: "más listas de espera, más rentabilidad y más injusticias", afirmó.
La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento investigará a fondo el caso, al considerar que existe “un mecanismo por el que se engrosa la cuenta de resultados de empresas privadas”. En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, calificó la situación como “una vergüenza absoluta” y denunció que las privatizaciones “convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos”.
Por su parte, Más Madrid y el PSOE han adelantado que interpondrán acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por lo que consideran “una grave vulneración del derecho a la salud” y una utilización de la sanidad pública madrileña “al servicio de intereses económicos privados”.
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