San Sebastián prohíbe nuevas licencias a hoteles y pisos turísticos en barrios tensionados
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, preside el pleno ordinario del Ayuntamiento de este jueves. Foto: EFE
El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves por unanimidad la modificación del Plan de Ordenación Urbana que incluye la prohibición de nuevas licencias de alojamientos turísticos y hoteles en los barrios tensionados y en los suelos residenciales del resto de la ciudad.
La nueva regulación divide la ciudad en dos zonas. En el área 1 -Centro, Parte Vieja, Gros, Antiguo e Ibaeta- considerada saturada, con diez plazas turísticas por cada 100 habitantes, no se autorizarán nuevas viviendas de uso turístico, habitaciones o nuevos usos de hospedaje en parcelas residenciales.
La norma establece excepciones puntuales como las referidas a edificios catalogados y protegidos que sí se podrían destinar a uso turístico, aunque las condiciones para ello "serán bastante complejas", según ha señalado el alcalde, Jon Insausti, al anunciar los cambios en el Plan de Ordenación Urbana el pasado 7 de enero.
En el resto de la ciudad solo se podrán abrir hoteles en parcelas no residenciales.
Todos los grupos con representación en el Ayuntamiento han apoyado la norma, aunque para EH Bildu y Podemos ha llegado tarde. La portavoz del grupo del PNV, Nekane Arzalluz, ha remarcado que la modificación del Plan de Ordenación "es de gran trascendencia" y supone "regular la implantación de usos de hospedaje "de forma acorde con un modelo de turismo sostenible".
Asimismo, ha recordado que en Errenteria, gobernada por EH Bildu, acaba de abrir un nuevo hotel con el nombre de 'Holiday in SS'.
Hernani, Tolosa y Lezo se suman a las zonas tensionadas en Gipuzkoa
El Gobierno Vasco ha ampliado el mapa de zonas de mercado residencial tensionado con la incorporación de Hernani, Tolosa y Lezo, que se unirán a San Sebastián y otros municipios del entorno. Con estas declaraciones, ya son 14 las localidades afectadas en Euskadi, donde más de la mitad de la población queda bajo este régimen para contener el precio del alquiler y reforzar la protección de los inquilinos.
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