Comienza el Consejo de Ministros con dos horas de retraso, al oponerse los ministros de Sumar a dejar fuera del decreto la prórroga de alquiler

El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado ante la negativa de los miembros de Sumar a que dé comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. 

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 09:30 horas, pero ha comenzado con más de dos hora de retraso; dos horas de negociaciones directas entre el presidente del Gobierno de España Pedro Sanchez y la máxima responsable de Sumar y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que han logrado, al parecer, desbloquear las tensiones de las útimas horas. 

Fuentes del partido de Yolanda Díaz han trasladado que aunque ha habido avances, aún "se tienen que cerrar algunos flecos", pero ya se negociarán durante la celebración del Consejo de Ministros.

Está previsto que al concluir el Consejo comparezca el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. 

A la espera de lo que dé la reunión y de conocer si finalmente en qué medida se han incluído las peticiones de Sumar, según ha adelantado a la Cadena Ser y han confirmado a agencias fuentes conocedoras del contenido del texto, el real decreto ley pasa por una batería de medidas fiscales.

El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

De esta manera, tal y como se esperaba, el Ejecutivo renuncia definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania, que según han indicado varios miembros del Gobierno en estos días tuvo algunos efectos distorsionadores.

Además, el Ejecutivo de Sánchez va a suprimir el impuesto de generación eléctrica -que es del 7 % y que pagan las compañías- y a rebajar el impuesto especial de electricidad -que es del 5,11 % y pagan los consumidores-.

Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -según ERC, el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía.

Asimismo, se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus'.

Descuento de 20 céntimos por litro para transportistas

A esto se añade, señalan fuentes de ERC, un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional.

También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.

Además, según la formación independentista, se habilitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de distribuidores de carburantes con el objetivo de vigilar los precios.

Otra de las medidas que se incluirían en el plan del Gobierno, según fuentes de ERC, es la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

Se incorporan medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables, para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento y para simplificar el autoconsumo compartido en barrios, municipios y polígonos industriales. 

Las mismas fuentes detallan que se introduce un programa de apoyo técnico y administrativo para cooperativas energéticas y se prevé la posibilidad de reservar parte de la capacidad en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios.