El Gobierno Vasco sobre el caso Anboto: “Ejecutamos la legislación penitenciaria. Hay que distinguir el ruido y la verdad”

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico en materia penitenciaria, rechazando que se adopten “decisiones arbitrarias” y subrayando que muchas de ellas han sido avaladas por la judicatura. En declaraciones a Radio Popular, ha insistido en que “hay que distinguir el ruido de la verdad” y ha remarcado que el Gobierno Vasco se limita a “ejecutar la legislación penitenciaria”.

Sus palabras llegan después de que la Audiencia Nacional rechazara aplicar el régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad Iparragirre Anboto y a Juan Ramón Carasatorre, ambos condenados por su pertenencia a ETA en el pasado. Bengoetxea ha recalcado que estas decisiones son actos administrativos recurribles y ha recordado que, aunque en este caso el juez de Vigilancia Penitenciaria no ha avalado la medida, en otras ocasiones sí lo ha hecho.

La dirigente ha criticado además lo que considera un “ruido interesado” que busca desgastar al Gobierno o mantener posiciones extremas. En este sentido, ha advertido del crecimiento de “extremismos y populismos”, tanto en el conjunto del Estado como en su posible influencia en la política vasca.

La reacción del PP y la preocupación de Sare

Desde la oposición, el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, ha pedido la dimisión de la consejera de Justicia, Maria Jesús San José, al considerar que ha “incumplido la ley” al otorgar un supuesto trato de favor a presos de ETA. Según De Andrés, la decisión judicial evidencia que las políticas del Ejecutivo autonómico suponen “una amnistía encubierta”, que vincula a los acuerdos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu.

Por su parte, la red por los derechos de los presos Sare ha mostrado su “preocupación y desacuerdo” con la resolución judicial, que considera motivada por razones políticas más que jurídicas. A su juicio, estas decisiones reflejan una actitud cercana a la “venganza” y critican el uso del dolor de las víctimas en este tipo de argumentos.

En el lado opuesto, el Covite ha respaldado la decisión judicial, asegurando que corrige actuaciones del Gobierno Vasco que “nunca debieron adoptarse”. El colectivo sostiene que se está desvirtuando la legalidad penitenciaria para facilitar la semilibertad de presos de ETA sin cumplir los requisitos legales exigidos.