Fin del juicio 'mascarillas’: Las incógnitas que deberá despejar la sentencia
El Tribunal Supremo, que no tiene plazo para dictar sentencia, deberá determinar, entre otras cuestiones, si José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama integraron una organización criminal, con un acuerdo "cerrado y privilegiado" para que dos contratos de mascarillas en pandemia fuesen adjudicados a la empresa que introdujo el comisionista.
Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos. Fotos de agencias.
Tras casi un mes y catorce largas sesiones, ha quedado visto para sentencia el juicio al exministro del Gobierno de España José Luis Ábalos, a su más estrecho asesor, Koldo García y al presunto ‘corruptor’, el empresario Víctor de Aldama, acusados todos ellos de integrar una presunta organización criminal para favorecer al empresario en contratos de mascarillas y otros favores a cambio de mordidas.
Los siete magistrados del Supremo que conforman el tribunal no tienen plazo para dictar la sentencia que deberá despejar varias incógnitas. No se espera que sea antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, dada la tradición del Supremo de no interferir en asuntos políticos.
El Supremo debe determinar si Ábalos, Koldo García y Aldama integraron una organización criminal, con un acuerdo "cerrado y privilegiado" para que dos contratos de mascarillas en pandemia fuesen adjudicados a la empresa que introdujo el comisionista.
Y no solo para eso, el fiscal defiende que hay una prueba "demoledora" de que también beneficiaron a Aldama en otras gestiones que solicitó, como una reunión para abordar una licencia de hidrocarburos para un socio o el impulso del rescate de Air Europa. El exministro y su exasesor lo niegan.
“¿Dónde está el dinero?”
Otra de las incógnitas a despejar es: ¿dónde está el dinero? Las defensas de Ábalos y Koldo García insisten en que no hay "evidencia" de que cobrasen comisiones a cuenta de Aldama. Ni los 10 000 euros al mes ni el disfrute de chalés vacacionales de los que le acusa la Fiscalía. Aseguró el exministro que no le encontrarían nada, e ironizó con lo "barato" que salía.
"El que acusa tiene la obligación de probar", afirmó por su parte la abogada de Koldo García, tras insistir que el manejo de dinero en efectivo del exasesor no es prueba de ilegalidad. Las 'chistorras' (billetes de 500) son legales, dijo y aseguró que algunas venían del PSOE, que le reembolsaba gastos anticipados; aunque el exgerente negó que en la caja hubiese esos billetes.
Poco importa al fiscal esa pregunta de dónde está el dinero, convencido de que del aumento patrimonial de Koldo García "queda acreditado que cobra", y que además sufragaba gastos del ministro. Ninguno, dijo, ha explicado de dónde sacaban tanto dinero.
Asimismo, la sentencia deberá valorar cuánto de determinante ha sido la confesión de Aldama. Su defensa lo presentó como una "cruzada" contra el "aparato estatal" que abrió nuevas investigaciones, y pidió un premio por ello.
Para las defensas ha sido vital poner en duda la credibilidad de Aldama y subrayar sus contradicciones. Koldo García lo acusó de mentir y reveló una supuesta oferta del abogado del PP para colaborar "mintiendo", que fuentes de la acusación niegan. Ábalos se preguntó "qué mal" le ha hecho para que el empresario le haga "tanto daño".
El enchufe de dos mujeres vinculadas a Ábalos
¿Enchufó Ábalos en empresas públicas a su expareja Jéssica Rodríguez y a Claudia Montes? ¿Hizo gestiones más allá de presentar el currículum? ¿Qué papel jugó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por la contratación de la primera?
Son cuestiones a las que deberá dar respuesta la sentencia del tribunal, que tendrá sobre la mesa el desolado relato del fiscal, que dibujó un panorama de empresas públicas "casi parasitadas" por el "poder político", y el del propio Ábalos.
Efectos en el Caso Koldo
Lo que diga el Supremo sobre las contrataciones de mascarillas será determinante para la causa abierta en la Audiencia Nacional contra ex altos cargos y empresarios por estas mismas adjudicaciones.
Como también podrá serlo, principalmente para la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, en relación con la contratación de Jéssica Rodríguez en empresas públicas por la que también está investigada en la Audiencia.
Allí siguen su curso otras líneas de investigación que nacieron de esta causa, bautizada en sus orígenes como caso Koldo: los presuntos amaños de obra pública que llevaron un tiempo a prisión preventiva al exdirigente socialista Santos Cerdán, y el sistema de reembolso en efectivo de gastos adelantados del PSOE.
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