La Ley vasca de Transparencia sale adelante sin el respaldo de la oposición
El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la primera Ley de Transparencia propia de Euskadi, una norma que regulará la información que deben hacer pública las administraciones, la participación ciudadana y la actividad de los grupos de presión en las instituciones vascas.
La ley, impulsada por el Gobierno Vasco, ha sido aprobada con los votos favorables de PNV y PSE, socios del Ejecutivo autonómico. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra de la mayoría de los artículos del texto.
Con esta aprobación, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una legislación propia en materia de transparencia, después de que varios intentos anteriores fracasaran en las tres últimas legislaturas.
La consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, ha defendido que la norma “fortalece la calidad democrática”, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y profundiza en la rendición de cuentas de las administraciones públicas.
Según ha explicado, la ley amplía el derecho de acceso a la información pública, protege a las personas que denuncien infracciones administrativas y establece mayores controles sobre entidades privadas que reciben fondos públicos o prestan servicios públicos.
Además, crea la Autoridad vasca de la Transparencia, Gardena, que se encargará de proteger el derecho a la información y resolver reclamaciones. La norma también incorpora mecanismos de participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas públicas.
Críticas de la oposición
Desde EH Bildu, Lamia Arcas ha criticado la actitud “inmutable” de PNV y PSE durante la negociación de enmiendas y ha denunciado que la ley mantiene “estructuras de poder” que limitan la rendición de cuentas.
El PP también ha rechazado el texto. La parlamentaria Ainhoa Domaica ha asegurado que la nueva autoridad de transparencia nace “coja” porque no se garantiza suficientemente su capacidad sancionadora. También ha criticado que las sanciones previstas para altos cargos públicos sean “ridículas” en comparación con las impuestas a entidades privadas.
Por parte de Sumar, Jon Hernández ha considerado que la norma es “poco ambiciosa” y no establece mecanismos suficientes de control de la administración ni de protección para quienes denuncien irregularidades. Aun así, ha valorado el acuerdo alcanzado para que la presidencia de Gardena sea elegida por mayoría amplia del Parlamento Vasco y no directamente por el Gobierno Vasco.
Vox ha mantenido su rechazo frontal durante toda la tramitación parlamentaria. Su parlamentaria, Amaia Martínez, ha definido la ley como un “paripé” de un Gobierno Vasco “opaco”.
Defensa de PNV y PSE
El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha defendido que la ley abre una “ventana de oportunidad” para evaluar mejor las políticas públicas, reforzar la cooperación ciudadana y aumentar la confianza entre instituciones y sociedad.
Desde el PSE, Pau Blasi ha subrayado que el objetivo de la norma es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, mejorar la toma de decisiones públicas y avanzar hacia una nueva cultura política basada en la transparencia y la participación.
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