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El Congreso vota la senda de déficit de los Presupuestos sin opciones de que salga adelante

PP, Vox y Junts ya han anunciado que votaron en contra, de manera que se celebrará una segunda votación el 23 de julio.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentarios a los miembros del Consejo de Ministros.



Jesús Hellín / Europa Press

22/4/2026
Imagen del Congreso de los Diputados. Foto: Europa Press

El Congreso acoge este martes, en un Pleno extraordinario, el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha manifestado su rechazo a la misma.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

Arcadi España denuncia "intereses partidistas”

Cuando el ministro de Hacienda, Arcadi España, presentó en Consejo de Ministros la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, pidió "reflexión" a los grupos políticos para que dejen de lado "los intereses partidistas y miren hacia el bien común".

Sin embargo, tal y como ya ha sucedido previamente en esta legislatura, PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en el Congreso, ya han avanzado su voto en contra a la senda de déficit, por lo que se realizará una segunda votación en otro Pleno extraordinario previsto para el día 23 de julio.

Si ahí también decae, el Gobierno pretende seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos, pero con una senda de déficit diferente que respete los márgenes establecidos por la Unión Europea en materia fiscal. Esta argucia fue avalada por la Abogacía del Estado.

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