El Gobierno español aprueba un decreto con mejoras sociales para viudas y víctimas de violencia de género
El Consejo de Ministros de este martes aprobará un Real Decreto-ley con distintas mejores sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y madres y padres con menores que sufren enfermedades graves, entre otros, según han confirmado fuentes del Gobierno español.
Este Real Decreto-Ley requerirá su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El decreto extenderá el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho, pues la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar que se trata de una pareja de hecho. Las solicitudes a las que se les denegó esta pensión en el caso de parejas de hecho podrán ser revisadas en los próximos 12 meses.
En el caso de las víctimas de violencia de género, el decreto establece que tendrán una prestación del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social será la que abone la prestación.
Para madres y padres que cuidan de menores con enfermedades graves, la norma mejora la prestación para que los dos progenitores puedan recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando el afectado presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente alta.
Asimismo, la norma ampliará la prestación de incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia.
El decreto mejora también las pensiones extraordinarias para víctimas del terrorismo, de forma que ninguna de ellas podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (actualmente 2442 euros mensuales), cifra un 36 % superior a la existente ahora.
La norma mejora también la protección de los huérfanos por violencia de género, elevando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces el SMI.
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