El Gobierno Vasco exige al Ministerio de Sanidad que cumpla su compromiso de reformar los fondos de cohesión
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que cumpla el compromiso adquirido con Euskadi de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA).
El Departamento de Salud considera inaceptable que el Ministerio mantenga la inacción sobre las deficiencias de este sistema y, al mismo tiempo, siga exigiendo el pago de las liquidaciones. En septiembre, Euskadi recibió una factura de 51 millones de euros correspondiente a los fondos de 2023 y 2024, una cantidad que no abonará mientras no exista una cobertura legal que la justifique, un desarrollo normativo y un modelo de compensación justo.
Martínez ha acudido a Madrid para participar de forma presencial en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Compromisos pendientes con Euskadi
El Gobierno Vasco ha denunciado que, aunque la ministra de Sanidad y su equipo de comprometieron a revertir la situación y a poner en marcha una ruta de trabajo para revisar el modelo, ese trabajo está paralizado.
“El Ministerio de Sanidad tiene aún compromisos pendientes con Euskadi. No puede cerrar esta legislatura sin dar una respuesta a la sociedad vasca y dejando incumplido el compromiso de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión”, ha señalado Martínez.
Un agravio para Euskadi
El sistema actual de Fondos de Cohesión supone para el Gobierno Vasco un agravio para la ciudadanía vasca. Según datos del Departamento de Salud, entre 2012 y 2022, Euskadi aportó 169 millones de euros al Fondo de Cohesión, lo que representa cerca del 60 % del total, pese a concentrar solo en torno al 5 % de la población del Estado.
“Es imposible que el 5% de la población pague el 60% de la factura de todo el Estado”, ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que se trata de un modelo injusto, poco transparente y sin la seguridad jurídica necesaria.
Por ello, mientras el Ministerio de Sanidad no cumpla sus compromisos y no se aborde la reforma necesaria, Euskadi mantendrá su posición de no abonar la liquidación.
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