De Miguel omitió un año una actividad incompatible con su cargo
La declaración de bienes e intereses del ex diputado de Administración Local Alfredo de Miguel confirma que omitió durante un año que fue administrador único de la inmobiliaria Landaburu Etxea, responsabilidad incompatible con el cargo público.
El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publica hoy las declaraciones de bienes e intereses de las personas que ocupan o han ocupado a lo largo de la legislatura algún cargo en el Gobierno foral.
La lista incluye al ex diputado imputado en el supuesto caso de corrupción en el que están presuntamente implicadas una docena de personas vinculadas al PNV.
La declaración confirma un dato que ya se conocía públicamente, que De Miguel en su primera declaración de bienes, en agosto de 2007, no citó que era administrador de la inmobiliaria Landaburu Etxea, que fue la encargada de comprar el edificio de la nueva sede del PNV en Vitoria-Gasteiz.
Ese año sí informó de su participación en las sociedades Kataia y Eskalmelo, participación que mantuvo al concluir su actividad en la Diputación pero de forma participada con su esposa.
El diputado general de Álava, Xabier Agirre, siempre ha mantenido que De Miguel no actuó de mala fe porque si hubiera sido así habría ocultado también en 2008 esa actividad.
En su declaración de bienes, De Miguel no aporta importantes novedades entre lo que tenía al inicio de su mandato y al final.
Únicamente, el 50% que poseía de un piso con garaje en Vitoria-Gasteiz al entrar en la Diputación ya no lo tenía al concluir su mandato; tampoco mantuvo su participación en dos créditos de algo más de 138.000 euros.
El Boletín publica los bienes de 53 diputados y directores de la institución foral, entre ellos los del diputado general, Xabier Agirre.
En su declaración, Agirre declara tener en propiedad la mitad de un piso con un valor catastral de 307.000 euros, la mitad de casi 17.000 euros en una cuenta, la mitad de dos turismos valorados ambos en unos 7.000 euros y un préstamo, también al 50 por ciento, de 90.000 euros.
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