Consejo Vasco de Finanzas
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Las diputaciones recaudarán 11.400 millones, 716 menos de lo previsto

Además, estiman 11.825 millones para 2013. El Consejo de Finanzas ha concluido con discrepancias por parte de Bizkaia y Araba en torno al reparto de las devoluciones de las vacaciones fiscales.
18:00 - 20:00
Las diputaciones recaudarán 11.400 millones, 716 menos de lo previsto

Las haciendas de las diputaciones forales recaudarán este año 11.400 millones de euros, 716 menos de lo previsto; y para 2013 se estima que esta cifra se sitúe en los 11.825 millones. Esta previsión de ingresos para el año que viene hasido aprobada por las tres diputaciones, mientras que el Gobierno Vasco se haabstenido.

Las decisiciones sobre previsiones han llegado tras una larga reunión del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), formado por el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos (éstos sin capacidad de voto).

La cita de este martes tenía como misión fijar las previsiones de cierre de recaudación para este año (que hasta septiembre ha bajado en los tres territorios) y calcular las aportaciones de las Haciendas forales al Ejecutivo autonómico para 2013, cuya reformulación reivindica Araba. El Consejo Vasco de Finanzas también tenía que hacer la estimación sobre los ingresos fiscales que se obtendrán en 2013.

Falta de acuerdo en torno a las vacaciones fiscales

La falta de acuerdo ha prolongado la cita durante seis horas. Las discrepancias han girado sobre si procedía repartir el dinerorecaudado a las empresas que han devuelto las ayudas de lasdenominadas "vacaciones fiscales". Esa falta de acuerdo ha motivado que los diputados generales y los responsables del Gobierno Vasco hayan comparecido por separado tras la reunión ante los medios de comunicación.

Este año las diputaciones han recaudado 309 millones por esteconcepto: 209 en Araba, 80 en Bizkaia y 20 en Gipuzkoa. De estacantidad, las entidades forales deben entregar el 70 % al GobiernoVasco (unos 210 millones).El Gobierno ha defendido que las previsiones de ingresos paraeste año tuvieran en cuenta este dinero, mientras que Bizkaia y Araba se han opuesto por entender que se trata de un ingresocautelar, ya que aún quedan asuntos de las "vacaciones fiscales"pendientes de resolver en los tribunales europeos.

Reacciones

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Aguirre(PSE), ha aseverado que en el CVF de octubre de 2011 ya se acordóque el dinero de las vacaciones fiscales "estaría sujeto a repartoen 2012" y así se planteó también en la reunión de febrero de esteaño, por lo que ha manifestado "su sorpresa" por la oposición deBizkaia y Álava. El responsable vasco de Hacienda también ha explicado suabstención al cálculo de ingresos de 2013. Para Aguirre es unaprevisión "más bien pobre", aunque se ha abstenido para no"entorpecer".

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), se hamostrado "sorprendido" por el acuerdo entre Gipuzkoa y el GobiernoVasco sobre el reparto del dinero de las "vacaciones fiscales" y haasegurado que va "en perjuicio" de las instituciones vascas y quepretende ser "un pequeño maquillaje al cierre de cuentas".

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), haconsiderado que "lo procedente" hubiera sido no tener en cuenta eldinero de las "vacaciones fiscales" porque "podrían ser de obligadadevolución a las empresas". Por ello, ha defendido la necesidad deactuar "con rigor y prudencia" en lugar de pretender "salvar lascuentas".

En cambio, su homólogo de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), hajustificado su apoyo a la propuesta del Gobierno en la "coherencia",ya que han trabajado bajo la premisa de repartir ese dinero "desdeel principio".

El retraso

La ley marca que esta reunión debería haberse celebrado en los 15 primeros días de octubre, pero el Ejecutivo de Patxi López decidió retrasarla hasta este martes para que el debate en su seno no se viese condicionado por la campaña electoral.

Esta decisión provocó las críticas de PNV, PP y EH Bildu, partidos que gobiernan en las diputaciones de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, respectivamente, y que han reclamado la celebración del encuentro dentro del plazo previsto legalmente.

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