Así funcionaba Caja Navarra

El escándalo de Caja Navarra se basa, fundamentalmente, en las prácticas que realizaban los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras, órgano formado por cargos políticos que representaban a las cajas que se juntaron para crear la CAN. Las abusivas dietas que cobraban sus miembros por las reuniones que mantenían ha desatado el caso CAN.

¿Qué es la Junta de Entidades Fundadoras?

La Junta de Entidades Fundadoras es un órgano consultivo, pero no ejecutivo, creado en 2010, cuando los miembros del Gobierno foral salieron del Consejo de Administración y la Comisión de Control de la CAN.

¿Quién formaba la Junta de Entidades Fundadoras?

Según los estatutos de Caja Navarra, la Junta debía estar formada por cargos políticos que representaban a las cajas que se juntaron para crear la CAN. Presidida por Yolanda Barcina, contaba con representantes del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento navarro. De este modo, la Junta de Entidades Fundadoras también estaba formada por los vicepresidentes Enrique Maya y Álvaro Miranda, el primero como alcalde de Pamplona y el segundo como consejero de Economía, ambos de UPN; el expresidente foral y del consejo de la caja Miguel Sanz; Roberto Jiménez (vicepresidente del Gobierno y del PSN); Javier Caballero (consejero de Justicia e Interior); José Iribas (consejero de Educación); los parlamentarios de UPN Carlos García Adanero, Alberto Catalán y Samuel Caro; y Ana Elizalde, concejal en el Ayuntamiento de Pamplona.

¿Cuál era la función de la Junta de Entidades Fundadoras?

La Junta debía emitir informes no vinculantes sobre determinados temas y se reunía al menos una vez al trimestre. Sus miembros cobraban dietas por la asistencia a esas reuniones.

Se estima que la Junta tenía unas 20 reuniones al año y que sus miembros percibían 1.700 euros brutos por encuentro, alrededor de 34.000 euros, 52.000 en el caso de la presidenta, que cobraba una mayor cantidad, 2.600 euros por asistencia.

¿Qué es la Comisión Permanente?

Se trataba de un órgano interno cuya existencia fue totalmente desconocida hasta finales de 2011 (y había sido creada junto con la Junta de Fundadores, en 2010).

Incluso miembros del PSN han declarado que desconocían la existencia de esta comisión. Aún así, en el Reglamento de Funcionamiento interno de la CAN, figura una mención a este órgano que explica que la presidenta y los dos vicepresidentes de la Junta "actuando en calidad de Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, recibirán periódicamente, mediante una reunión mensual o por el medio que se establezca, información oportuna sobre la marcha de la Caja".

Según recogen las actas, en aquellas reuniones solo se recibía información acerca de la caja: los balances y los créditos especiales que se habían otorgado.

¿Quiénes eran los miembros?

Formada por la presidenta Yolanda Barcina, el alcalde Enrique Maya, y el vicepresidente económico Álvaro Miranda, la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras se reunía con mayor frecuencia que esta última y, por tanto, generaba más dietas. Auque el expresidente foral Miguel Sanz no era miembro nato de este órgano, asistió a varios de esos encuentros.

Los miembros de la Junta de Fundadores que formaban parte además de la Permanente recibían, por tanto, dietas por todas las reuniones, lo que en la práctica multiplicaba su cobro.

¿Por qué se reunía en secreto la Comisión Permanente?

Aunque declaraban sus movimientos en Hacienda, solo los miembros de la Comisión y unos pocos directivos de la CAN sabían de su existencia. El propio nombre que daban a sus encuentros, Reuniones Informativas de la Junta de Fundadores, indica que eran reuniones extraordinarias. De hecho, tal y como declaró el entonces secretario de la CAN, Alberto Pascual, "el nombre de las reuniones fue cambiando día a día". Asimismo, "era Miguel Sanz el que decidía cuándo se reunían la Junta y Comisión".

¿Por qué se consideran ilegales sus reuniones?

La Comisión Permanente no fue registrada en los estatutos de la CAN hasta junio de 2011, un año más tarde de su fundación. Según el juez encargado del caso, esa fecha es clave porque indicaría que los cobros recibidos hasta entonces serían ilegales.