Pleno en el Parlamento Vasco
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El Parlamento pide anular el aumento de jornada de los funcionarios

Por otro lado, han pedido a las entidades bancarias que eliminen "de oficio" en sus contratos hipotecarios "las cláusulas abusivas".
Parlamento Vasco.
Parlamento Vasco. Foto: EiTB

El Parlamento Vasco, con la oposición del PNV y el PP, ha acordado hoy instar al Gobierno de Iñigo Urkullu a que derogue el decreto que aprobó en el mes de marzo que establece un aumento de la jornada laboral anual para los trabajadores de la Administración pública vasca.

Dicho decreto fue aprobado el pasado 5 de marzo por el Gobierno Vasco y fija el incremento de la jornada del personal público de 1.592 a 1.614,5 horas anuales, además de una reducción de seis a tres de los días de permiso por asuntos particulares.

EH Bildu ha impulsado en el pleno que hoy celebra la Cámara de Vitoria-Gasteiz una iniciativa en la que reclamaba la derogación de dicho decreto y, aunque esta moción ha sido respaldada también por el PSE-EE, ha sido rechazada con los votos del PNV, PP y UPyD.

En su lugar, ha sido aprobada una enmienda transaccional del PSE-EE y UPyD en la que se recogían prácticamente todos los puntos que planteaba en su moción EH Bildu.

Cláusulas abusivas de las hipotecas

Por otro lado, el Parlamento Vasco ha pedido a las entidades bancarias que eliminen "de oficio" en sus contratos hipotecarios "las cláusulas suelo y demás cláusulas abusivas", como se recoge en sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia Europeo.

El pleno de la Cámara vasca ha aprobado hoy una enmienda transaccionada por PNV, PSE, PP y UPyD a una proposición no de ley de EH Bildu sobre la normativa española que regula las hipotecas.

La resolución pactada ha dejado fuera la propuesta de EH Bildu -que ha votado en contra del texto consensuado- en la que pedía que el citado tribunal europeo establezca una vía para que las personas que han sido desahuciadas puedan reclamar indemnizaciones.

En la moción aprobada, el Parlamento "ratifica" la necesidad de cambiar el sistema español de ejecución hipotecaria, al ser opuesto a dicho fallo europeo, y pide al Gobierno central que acometa "las modificaciones normativas necesarias" para incluir la prohibición de las cláusulas suelo y abusivas en los contratos hipotecarios.

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