Euskadi defiende haber recuperado las 'vacaciones fiscales'
Este martes arranca en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo la vista oral por las denominadas 'vacaciones fiscales' vascas, un conjunto de ayudas concedidas a empresas de nueva creación en la década de los noventa.
Será España, la Abogacía del Estado, la que acudirá a defender a las diputaciones e intentar evitar una multa millonaria. La posible multa afecta a las últimas medidas de las llamadas "vacaciones fiscales vascas", que ya fueron declaradas ilegales por el Tribunal en julio de 2011.
La vista comenzará a las 9.30 horas y se celebrará en la gran sala, reservada a casos destacados. Representantes de la diputaciones vascas han viajado a Luxemburgo para asistir a la vista oral y darán la oportunidad tanto a los representantes vascos como al Ejecutivo comunitario de exponer durante 40 minutos sus argumentos, según han precisado fuentes del Tribunal.
Las diputaciones defenderán que las empresas ya devolvieron esas ayudas; en cambio, la Comisión Europea sostiene que la administración no recuperó todo lo establecido.
Representación foral en Luxemburgo
Por parte de la Diputación de Araba acudirá a la vista su máximo representante, el diputado general Javier de Andrés (PP), mientras que por Bizkaia y Gipuzkoa viajarán a Luxemburgo los directores generales de Hacienda, Félix Ayarza (PNV) y Xabier Olano (Bildu), respectivamente.
La Diputación de Bizkaia dice haber cumplido "íntegra y estrictamente los mandados" referidos a las vacaciones fiscales, por lo que el diputado general, José Luis Bilbao, ha subrayado que la diputación acude "muy tranquila" a la vista.
La posible sanción
La cuantía de la sanción que podría reclamar la Comisión Europea a las diputaciones vascas aún es incierta ya que, según han precisado fuentes del Gobierno Vasco, variará en función de la multa diaria que podrían solicitar los jueces y del periodo en el que se aplicaría, que puede ser de 2006 a 2013 o quizás de 2006 a 2011.
La CE solicitó que el Tribunal de la UE impusiera a España una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que pronuncie sentencia sobre el caso hasta que el país acate la misma, es decir, más de 7 millones al mes.
El Ejecutivo comunitario reclamó también otra multa, de 25.817 euros por día, a contar desde que pidió la recuperación de las ayudas en diciembre de 2006.
La sentencia puede demorarse más de un año
Tras la vista de este martes, uno de los abogados generales de la corte emitirá sus conclusiones, y, sobre esa base, la máxima instancia judicial comunitaria pronunciará su sentencia definitiva.
Los 15 jueces que decidirán sobre este caso no se pronunciarán inmediatamente, sino que su decisión final podría demorarse más de un año.
¿Quién paga?
Si la sentencia es contraria a España, en primera instancia será el Estado quien deba abonar la multa, que después reclamará a Euskadi. La Diputación de Araba, sin embargo, defiende que el abono de la sanción por las 'vacaciones fiscales' corresponde al Gobierno de España.
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