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Las diputaciones podrán sancionar a los VTC de otros territorios cuando incumplan la normativa

La Autoridad del Transporte de Euskadi ha acordado un protocolo para coordinar las inspecciones y sanciones en los servicios VTC con el fin de actuar de manera sistemática y dar seguridad jurídica.
Uber gana la batalla al gobierno vasco. La compañía opera en Bilbao y su labor está regulada por un decreto que ahora ha sido anulada la exigencia de establecer una espera de 30 minutos.
Un vehículo de Uber, en una imagen de archivo.

Las diputaciones forales de la CAV serán las instituciones encargadas de sancionar las infracciones cometidas por los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) cuya licencia se haya expedido en otro territorio, como pueden ser no hacer recorridos "exclusivamente" interurbanos o incumplir la precontratación de servicios.

La Autoridad del Transporte de Euskadi ha alumbrado en su reunión de este miércoles un protocolo para coordinar las inspecciones y sanciones a los VTC que parte del "principio de territorialidad". Así, cada diputación sancionará las infracciones cometidas en su territorio "independientemente de cuál sea la administración que haya otorgado la autorización".

Este protocolo busca "clarificar el régimen competencial" para sancionar "ante la realidad de VTC que operan en un territorio histórico distinto al territorio emisor de la autorización" —se han denunciado servicios en Gipuzkoa prestados por coches de Uber con licencia otorgada en Bizkaia— y así poder "actuar de manera sistemática, coordinada" y con seguridad jurídica.

El protocolo establece que cada entidad foral promoverá un calendario de inspecciones específicas para velar por el buen uso de las autorizaciones concedidas, según ha informado el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco en una nota.

Entre las posibles infracciones se encuentran incumplir las limitaciones del servicio de VTC, que tienen "autorización exclusivamente para realizar transporte interurbano" de viajeros, así como incumplir con la precontratación de servicios y no comunicar el servicio por vía electrónica.

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