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El Gobierno Vasco reclama a Corrugados la devolución de 5 millones

Pide el reintegro de la ayuda otorgada en 2012 por "incumplir su compromiso de mantener la actividad y empleo" en Euskadi.
Corrugados Azpeitia
Corrugados Azpeitia

El Gobierno vasco ha acordado este martes exigir a la empresa Corrugados Azpeitia, del Grupo Gallardo, la devolución del préstamo participativo de 5 millones, otorgado a la firma en el año 2012 al considerar que con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado por la empresa, "incumple sus compromisos" de mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskadi.

El Ejecutivo vasco ya mostró el pasado mes de marzo su "estupor" por el anuncio de cierre de la empresa y le solicitó que reconsiderara la decisión de ejecutar el ERE de extinción y retomara un plan de reajuste "menos lesivo". Sin embargo, el ERE planteado por el Grupo Gallardo supuso el despido de 338 empleados y el cierre de la planta azpeitiarra el pasado mes de agosto.

El comité de trabajadores llevó este ERE a juicio y en la actualidad se encuentra a la espera de que la sentencia sea dictada por la Audiencia Nacional, ya que la empresa presentó expedientes de regulación de empleo en varias de sus fábricas situadas en diferentes comunidades autónomas, lo que hace que la Audiencia Nacional sea la instancia competente en el juicio.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha recordado en rueda de prensa que el 24 de enero de 2012, el Ejecutivo autorizó la suscripción de un préstamo participativo a Corrugados en el marco del programa de ayudas para la realización de inversiones iniciales y para la creación de empleo en proyectos estratégicos.

Erkoreka ha señalado que, dotado con 5 millones, era un préstamo ligado a un plan de viabilidad que incluía como condiciones, la mejora de la gestión por parte de la empresa, la elaboración de un plan de internacionalización y, en tercer lugar, el mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskadi.

Incumplimiento de los compromisos

Erkoreka ha asegurado que, tras más de un año de reclamaciones y recursos, el Gobierno ha dado este martes el "último paso" y el consejo de Gobierno ha acordado declarar "incumplidos" los compromisos adquiridos de mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskadi y, por tanto, solicitar a la empresa el reintegro del importe del préstamo participativo que recibió.

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