Gipuzkoa y Araba piden que el Gobierno Vasco asuma el 70 % de la multa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales.

La Diputación de  Bizkaia pide una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha instado a convocar una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) a "la mayor brevedad posible" para determinar la forma en la que se debe hacer frente a la multa impuesta a España por el Tribunal de Luxemburgo por las denominadas 'vacaciones fiscales', que ha calificado de "excesiva e injusta" aunque "podría haber sido peor".

En una rueda de prensa en la capital vizcaína, junto al responsable foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, Bilbao ha dicho que la Diputación "acata la sentencia" y se compromete a "cumplirla en sus debidos términos, se compartan o no los razonamientos" de esta resolución.

En cualquier caso, ha considerado la aplicación de la multa "excesiva e injusta" y ha subrayado que "lo importante, que era la recuperación de las ayudas, se efectuó ya hace bastante tiempo".

No obstante, ha reconocido que, a pesar del "palo" que supone la sanción, "podría haber sido peor" ya que "la Comisión pedía una multa de 64,5 millones de euros y la abogada general habló de 50 millones en la anterior vista oral".

Ante esta "situación extraordinaria", la Diputación vizcaína va a solicitar una reunión extraordinaria de "los órganos competentes para afrontar el pago de la multa" y, por ello, pedirá la reunión "a la mayor brevedad posible" del Consejo Vasco de Finanzas.

Asimismo, considera que posteriormente sería preciso un encuentro "con carácter más formal que otra cosa" de la Comisión Mixta del Concierto.

Javier de Andrés: 'Si el Gobierno estuvo a cobrar, también deberá estar a pagar'

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha afirmado que, si el Gobierno vasco estuvo a "cobrar" las denominadas vacaciones fiscales, "tendrá que estar también a pagar" la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE.

De Andrés ha insistido en su propuesta para que el Gobierno vasco asuma el 70% de la sanción y ha señalado que, si "estuvo a cobrar", también tendrá que estar "a pagar" y, si no, debería "devolver" a Álava lo que ingresó.

El diputado general ha dicho que la sentencia elude la individualización del "grado de incumplimiento" y ha señalado que ese  incumplimiento se produjo el 27 de agosto de 2008, fecha en la que, según ha apuntado, las ayudas no estaban recuperadas.

De Andrés ha asegurado que este dato es importante porque la responsabilidad es "común" para las tres haciendas vascas. Sin embargo, ha afirmado que prefiere abordar este tema internamente y cree que el abono de esta sanción tiene que estar relacionado con los ingresos que cada institución ha tenido por este concepto.

Larraitz Ugarte: 'La multa es muy grave y es momento de hablar de responsables'

La portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha opinado que "es momento de hablar de responsables" en lo referente a la multa a España por las vacaciones fiscales porque "la negligencia es política y es clara".

Ugarte ha señalado que al Gobierno foral de Bildu no le "consuela" que, finalmente, la sanción ascienda a 30 millones y no 50 como se había previsto. En este sentido, ha indicado que no están satisfechos, ya que supone "una tragedia que los ciudadanos vascos tengan que pagar 30 millones de euros por unas ayudas ilegales".

Además, ha opinado que, quienes son responsables de ello, "han tenido una actitud tramposa y negligente", así como "irresponsable". También ha criticado que la Diputación foral de Gipuzkoa haya sido "la única" que ha acudido a Luxemburgo para conocer el fallo del TJUE "de primera mano".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el reparto de la multa a abonar, Ugarte ha indicado que "no es momento de desviar la atención" con esa cuestión porque "Europa ha puesto una multa muy grave y es momento de hablar de responsables", porque, a su juicio, "la negligencia es política y es clara".

Por su parte, el director de la Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, ha señalado que está multa "es consecuencia de una estrategia errónea que fue impulsada en su día (2006-2011) por el PNV, PP y Confebask".

"La sentencia dice que la devolución de las ayudas fue retrasada deliberadamente y, por lo tanto, la multa la deberían pagar aquellos que abogaron por esa estrategia", ha indicado en una entrevista realizada en  Euskadi Irratia.

En ese sentido, la Diputación de Gipuzkoa coincide con la de Araba y cree que el Gobierno Vasco debería asumir el 70 % de la multa. "Los recursos de la CAV disminuirán en 30 millones de euros; el 70 % de esos recursos fueron destinados al Gobierno Vasco y el 30 % a las diputaciones y ayuntamientos. Así, creemos que el ejecutivo vasco debería hacerse cargo del 70 % de la multa y el resto quedaría en manos de las diputaciones", ha explicado.

No obstante, Olano ha añadido que el foro adecuado para debatir y decidir cómo debe pagarse la multa es el Consejo Vasco de Finanzas.