Toña pone su caso en manos de la Comisión de Ética Pública

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha decidido poner su caso en manos de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco y ha defendido que la actuación por la que ha sido inhabilitado como miembro de una administración concursal es una "práctica habitual" en estos procesos.

En un comunicado, Toña ha señalado que esta mañana ha ofrecido "todas las explicaciones" sobre esta decisión judicial al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que se ha reunido, y ha adelantado que también acudirá al Parlamento Vasco, donde dará "las explicaciones necesarias para la clarificación absoluta de esta cuestión".

No obstante, ha subrayado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia es una "decisión de carácter mercantil" y no una "sentencia penal", por lo que ha defendido que "no se puede hablar de condena".

Toña ha emitido este comunicado un día después de su nombramiento, cuando se ha conocido que la Audiencia Provincial de Bizkaia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y cinco trabajadores contra una sentencia anterior, y ha condenado a la administración concursal de las empresas Fundifes, Otsalia XXI y Bator Gestión 2004, que forman parte de un mismo grupo empresarial.

Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco

Por todo ello, Toña ha optado por elevar a la Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco "toda la información que permita adoptar una decisión a la mayor brevedad posible".

La Comisión Ética Pública, presidida por el consejero de Justicia y Portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, será la que podrá recomendar al Gobierno Vasco su forma de proceder ante este caso.

Además de Erkoreka, forman parte de esta comisión el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, la jurista Elisa Pérez Vera, el filósofo y ensayista Daniel Innerarity y la directora del IVAP, Maite Iruretagoiena.

Este órgano se creó en virtud del Código Ético y de Conducta aprobado por el Gobierno de Iñigo Urkullu en mayo de 2013 y afecta a todos los miembros del Ejecutivo vasco y a los altos cargos de la Administración Pública de Euskadi.

En dicho código se identifican las conductas exigibles a todos ellos, así como las sanciones que conlleva su incumplimiento y establece que la actuación de los altos cargos debe inspirarse en valores como la integridad, la honestidad y la honradez, mientras que su labor debe responder a principios como la imparcialidad y la transparencia.

Parte de la oposición pide la destitución

Los grupos parlamentarios de EH Bildu, PP y UPyD han pedido la destitución de Ángel Toña al entender que esta sentencia le inhabilita también como consejero, ya que incumplió la ley, perjudicó a la Seguridad Social y a unos trabajadores. Además se preguntan si incumplió también el Código Ético al que están sometidos todos los cargos públicos.

El PSE-EE, por su parte, pedirá explicaciones al lehendakari sobre este caso en el pleno de control de este viernes, al igual que harán el resto de partidos de la oposición, mientras que el PNV no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Sin embargo, los sindicatos no ven motivo de denuncia. La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha asegurado que la condena a Toña, como miembro de una administración concursal no ha sido promovida por su sindicato, que no denuncia a quien apoya a los trabajadores o la actividad de una empresa "por encima de todo".

ELA ha afirmado que no ve "motivos de reproche" en la actuación del consejero. CCOO ha opinado que este caso está "bastante sobredimensionado".