La AVC no halla connivencia entre la Administración y las empresas de comida escolar
El director de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Ignacio Alday, ha afirmado hoy que en el caso de los comedores escolares no encontraron ninguna irregularidad vinculada con la Ley de contratos del sector público ni prueba de "connivencia" entre la Administración y las empresas.
Alday ha sido el primer compareciente en la comisión parlamentaria que investiga si hubo responsabilidades políticas del Gobierno Vasco en la contratación de las empresas para gestionar los comedores en los colegios públicos.
En 2016 la AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, periodo en el que al frente de Educación estuvieron consejeros de EA, PSE-EE y PNV.
Tras esa sanción la Fiscalía del País Vasco abrió diligencias de investigación que finalmente fueron archivadas al no encontrarse indicios de delito en la actuación de estas empresas.
Algunas de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó en 2017 la sanción en un 60 % aunque entendió que hubo un pacto entre ellas que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno Vasco.
Hoy el director de Investigación de la AVC ha asegurado que habrían puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía si hubiesen encontrado alguna irregularidad penal y ha afirmado que no hallaron "ninguna actuación que no estuviese en concordancia con lo que dicta la Ley de contratos del sector público".
"No tenemos ninguna prueba, ni correo electrónico alguno de que haya una connivencia entre la Administración y las empresas. Solo tenemos los resultados de las adjudicaciones y el resultado nos indica que el comportamiento de las empresas no es un comportamiento empresarial", ha resumido.
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