Las administraciones vascas deberán reducir en un 35 % su consumo de energía en 2030

Las administraciones públicas de Euskadi tendrán que reducir el consumo de energía en un 35 % para el año 2030 y en un 60 % en el horizonte de 2050, y el 100 % de los vehículos que adquieran estas instituciones deberán utilizar combustibles alternativos a partir de 2020.

Estas son dos de las cuestiones que recoge la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca que ha sido aprobada este jueves en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz con el voto afirmativo de todos los grupos excepto del PP, que se ha abstenido.

La norma afecta principalmente a las instituciones pero incluye también varios artículos que regulan la planificación energética en el sector privado (industrias, comercio y otros servicios) aunque de manera "no tan ambiciosa" como se hace en el sector público, ha aclarado la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia.

La nueva legislación recoge que al menos un 32 % del consumo de cada administración proceda de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables instaladas en los mismos edificios.

Para asegurar que estas medidas y el resto que se contemplan en la ley tengan cobertura, el Gobierno Vasco va a habilitar una herramienta financiera, dotada inicialmente de 100 millones de euros, que ayude a los ayuntamientos y a las entidades locales menores a costear las inversiones necesarias.

La ley afecta a todas las administraciones vascas, así como a sus organismos autónomos, entes púbicos de derecho privado y sociedades públicas, y busca un ahorro de 700 millones en la factura eléctrica institucional para lo que se estiman necesarias inversiones cercanas a los 460 millones de euros.

Todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética y todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y las medidas de sostenibilidad energética acordes a lo dispuesto en la ley.

Además, plantea que los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de vehículos que no usen combustibles alternativos o que sobrepasen determinados niveles de emisión.

Y los edificios de nueva construcción de titularidad pública tendrán que contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y espacios para facilitar el aparcamiento de bicicletas.

En el ámbito privado los sectores industrial, de servicios y comercio tendrán que realizar auditorías energéticas de sus equipos, edificios, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y alumbrado para adoptar medidas de ahorro e incorporar instalaciones renovables.

Asimismo los centros en los que trabajen más de cien personas por turno deberán disponer de un plan de transporte que incluya medidas que hagan posible el uso del transporte público y el consumo de hidrocarburos deberá reducirse para que a partir de 2031 sean sustituidos por fuentes energéticas menos contaminantes.

En el sector residencial, los edificios que dispongan de instalaciones centralizadas de producción de calefacción y agua caliente deberán tener sistemas de contabilización de consumos individuales.

La consejera, al término de la votación de la ley, ha destacado en los pasillos del Parlamento que la norma es "muy exigente" con el sector público y más flexible con el privado porque en este ámbito se tienen que compatibilizar la competitividad con la eficiencia energética.