LAB: 'El decreto de residencias mantiene la precariedad laboral y asistencial'

Trabajadores y representantes del sindicato LAB en el sector de residencias se han concentrado ante el Gobierno Vasco en Bilbao para denunciar que el decreto regulador aprobado el 30 de julio "no es válido" porque "mantiene la precariedad en las condiciones laborales y la calidad de la asistencia", y "llega tarde y mal", al no modificar los ratios de personal necesario.

La representante del sindicato en el departamento Sociocomunitario, Henar Fidalgo, ha denunciado que al elaborar el decreto "no se ha contado ni con las trabajadoras del sector ni con su representación ni con los familiares" y, esa carencia, en su opinión, "hace que no sea un decreto válido porque no ha contado con la gente que día a día está en contacto con la realidad de las residencias".

El Gobierno Vasco aprobó el pasado 30 de julio el decreto regulador para el sector de Residencias que recoge las principales directrices y la normativa a cumplir a partir de ahora por las residencias de nueva construcción.

En ese sentido, Fidalgo ha indicado que, al no afectar a las ya existentes, va a consolidar la precariedad porque no ha cambiado los ratios de personal y se ha fijado mucho más en la estructura que deben tener las residencias y profundiza en los metros cuadrados que debe tener una habitación antes que en la ratio de personal que, obviamente, es más fundamental para el cuidado de las personas".

Desde su punto de vista, "la realidad de las trabajadoras es que, a día de hoy, no hay personal suficiente y los que están, van volando de un sitio a otro y su salud se ve mermada, así como la calidad asistencial porque no hay personal suficiente para atender a los residentes".

LAB ha reclamado al Gobierno Vasco que establezca "una ratio adecuada que se fije a partir de las categorías profesionales bien definidas y se tengan en cuenta los turnos y el carácter presencial del lugar donde se desarrolla el trabajo".

Para la representante de LAB, uno de los problemas radica en que la asistencia de residencias debe ser "un servicio social público que en su mayoría está privatizado, por lo que priman los criterios economicistas que son los que condicionan la realidad de este sector".

Por ese motivo, han exigido "más personal para que la asistencia sea suficiente en favor de un servicio social residencial que debe ser público y gratuito porque estamos hablando de un derecho y no de un negocio".

Fidalgo ha calificado de "cuando menos curiosa", la aprobación del nuevo decreto regulador en una fecha como el 30 de julio "con el componente que tiene de hacerlo en plena época estival", cuando, en su opinión, "éste es un problema de carácter estructural que desde LAB estamos denunciando desde 2017".

El sindicato ha recordado asimismo que la Ley de Servicios Sociales de Euskadi "atribuye a las instituciones públicas las competencias en esta materia pero han optado mayoritariamente por la gestión privada de los mismos, relegando su responsabilidad en las empresas gestoras, que priman los beneficios sobre el derecho subjetivo a recibir un servicio de calidad y sobre los derechos laborales de los trabajadores.

LAB ha calificado de "alarmante, tanto en el plano laboral como en el asistencial, la situación de "deterioro" del conjunto de los servicios sociales.

En ese sentido, han enumerado "ritmos de trabajo insostenibles, tiempos insuficientes de atención, sobreesfuerzos, estrés, agresiones verbales y físicas, nulo reconocimiento del trabajo realizado, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad y trabajo en solitario sin los recursos necesarios", lo que se traduce en "la deficiente calidad en la atención de los servicios existente, que recae en las precarias condiciones laborales de, en su gran mayoría, sus trabajadoras".

Para LAB, "el número de profesionales y el tiempo dedicado a los usuarios determinan el grado de cumplimiento con sus derechos como residentes, la calidad del servicio prestado y los derechos laborales".

Finalmente, la representante de LAB ha adelantado que el decreto "va a continuar generando conflicto entre quienes tienen la obligación de garantizar los derechos fijados en la ley, los usuarios de residencias y los profesionales de las mismas".