ELA, LAB, ESK y CNT presentan sus reivindicaciones ante la huelga del 30 de enero

Los sindicatos ELA, LAB, ESK y CNT, integrantes, entre otros agentes, de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, han presentado la tabla de reivindicaciones de la Huelga General del 30 de enero, en la que se recogen más de 30 medidas.

Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, ha señalado que se trata de reivindicaciones para "poner límites a la precarización, para derogar los recortes de los últimos años, para eliminar la precariedad laboral, para dignificar las condiciones de trabajo y para defender los derechos sociales".

"Un marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social, garantizar los derechos sociales y una pensión mínima de 1.080 euros están entre las reivindicaciones", ha explicado.

Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha interpelado al Gobierno vasco y navarro y ha resaltado que "tienen margen para mejorar las pensiones y las prestaciones sociales" por lo que "no pueden mirar para otro lado".

En opinión de Lakuntza, "hay razones de sobran para una huelga general" porque, entre otras cuestiones, "la pobreza está aumentando en este país". "Esta huelga también la hacemos para eliminar la brecha salarial que sufren las mujeres, para defender la RGI y el derecho a la vivienda. No es cierto, como dice el Gobierno vasco, que vivimos en un oasis", ha subrayado.

Reivindaciones

Los agentes que conforman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han recogido más de 30 medidas en una tabla reivindicativa exponiendo las razones que les llevan a la huelga. De este modo, reclaman la derogación de los recortes de las pensiones aprobados en las reformas de 2011 y 2013, jubilación a los 65 años y anticipada a los 61 años con 30 años de cotización, o garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (subida por lo menos como el IPC).

Una pensión mínima de 1.080 euros, garantizar la financiación del sistema de pensiones vía cotizaciones sociales e impuestos, o la no penalización del cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo parcial.

También piden garantizar la prioridad aplicativa de los convenios territoriales sobre los estatales, o "impedir que un convenio de ámbito inferior pueda empeorar las condiciones de uno de ámbito superior".

Apuestan, además, por acabar con la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, un salario mínimo de 1.200 euros mensuales, promoción del empleo estable y "persecución del actual fraude en la contratación", reducción de la jornada a 35 horas sin reducción de salario, eliminación de las jornadas parciales "impuestas especialmente a las mujeres, o "garantizar la no discriminación contractual en función del sexo, lugar de origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica".

Demandan la eliminación de "toda fórmula contractual de precarización", establecimiento de cláusulas sociales en las subcontratas de la Administración, o ampliar las plantillas de Inspección de trabajo hasta homologarlas con la media de la Unión Europea y establecer un plan de "acción radical contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales".

Los agentes exigen, asimismo, garantizar el derecho por ley a que todas las personas en situación de dependencia "tengan garantizada la cobertura de la misma por un servicio público, universal y gratuito" o el establecimiento de "la RGI y RG en el 100% del SMI, con un aumento del 50% del SMI para el caso de las unidades convencionales de dos personas y de un 50% adicional para las de 3 o más componentes".