La Fiscalía pide hasta 29 años a 8 acusados por la venta de armas a Arabía Saudí
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 20 y 29 años de cárcel a 8 acusados vinculados a la empresa pública Defex, entre ellos el expresidente José Ignacio Encinas, por presuntas irregularidades en 11 contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.
A los ocho -Manuel Iglesias-Sarria, Ángel María Larumbe, José Ignacio Encinas, Fernando Aguilar, Álvaro Cervera, Verónica Luisa Blanco-Traba, Charles Ques Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira-, la Fiscalía les acusa de delitos de organización criminal, corrupción en las transacciones internacionales, malversación de caudales públicos, falsedad documental y, en algunos casos, también de blanqueo.
En su escrito de calificación, el fiscal Conrado Alberto Sáiz pide además una multa de 45 millones de euros para la empresa Defex y de 29 millones para los ocho acusados, cifra a la que deberán sumar otras multas millonarias los cuatro acusados a los que también acusa de blanqueo.
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones que ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, considera que entre 2005 y 2014 se obtuvieron once contratos con Arabia Saudí "conseguidos y ejecutados mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de ese país".
Para ello "acordaron comisiones concretadas en un porcentaje del precio de los contratos públicos, resultando en algún caso de un 20 % del valor del contrato, a cambio de unas prestaciones o servicios que sabían que eran inexistentes pero que permitieron crear una apariencia de realidad comercial y justificar los pagos realizados por la empresa pública".
Se trata, según el fiscal, de una práctica similar a la de las operaciones de Defex en Angola, pieza en la que la Fiscalía pidió una pena de 50 años de cárcel a Encinas y a los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el gobierno angoleño.
Hace unos meses Anticorrupción reclamó también que se condene al pago de una multa de 75 millones de euros a la empresa pública española de seguridad y defensa Defex por una serie de adjudicaciones supuestamente irregulares en Camerún, así como a 23 años de cárcel a su ex director comercial Manuel Iglesias.
En el caso Defex se investigan en distintas piezas contratos de suministro militar a cinco países: Arabia Saudí, Egipto, Brasil, Angola y Camerún.
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