Acuerdo para minimizar los efectos de la transición a la industria 4.0

La Mesa de Diálogo Social de Euskadi se ha comprometido a firmar un pacto social para una "transición justa" a la industria 4.0, con programas de formación y recualificación, y cobertura social para los trabajadores que se vean afectados.

Este foro, integrado por el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT, ha mantenido este martes una reunión en Vitoria después de más de una treintena de reuniones sectoriales.

Han asistido por parte del Gobierno Vasco las consejeras de Trabajo y Justicia, María Jesús San José; de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y de Educación, Cristina Uriarte, así como la directora de Emakunde, Izaskun Landaida.

Las representaciones de las organizaciones empresariales y sindicales han estado encabezadas por el presidente de la patronal vasca Confebask, Eduardo Zubiaurre, y los secretarios generales en Euskadi de CCOO, Loli García, y de UGT, Raúl Arza.

La Mesa ha aprobado los acuerdos logrados por los cinco grupos de trabajo que se crearon hace un año y ha concretado el plan de acción para 2020.

Entre los puntos aprobados están las bases del citado pacto social sobre la implantación generalizada en Euskadi de la industria 4.0, especialmente en lo concerniente a la digitalización y robotización de los procesos productivos.

Las bases de este pacto recogen la "inevitabilidad del proceso transformador" de la industria vasca con la "centralidad" en las personas "como valor a cuidar" y la empresa como "proyecto compartido".

En este sentido, se plantea cómo minimizar los "posibles efectos adversos" de esta adaptación con la recualificación de los trabajadores que no puedan ser recolocados en las empresas en las que desempeñaban su labor o en aquellas que han cesado en su actividad.

El acuerdo también contempla la necesidad de reflexionar sobre el contrato relevo dada la "experiencia fracasada" de los últimos años en lo que se refiere al acceso a subvenciones.

En este sentido se propone analizar el requisito de edad como condicionante, suprimir la exigencia de un periodo mínimo de permanencia en desempleo, subir las cuantías de subvención y simplificar la tramitación del procedimiento.

Otros asuntos recogidos en el plan de trabajo para este año son la creación de unas bases para el diseño de un modelo propio de Formación Profesional para el empleo y la consecución de un consenso en torno a un modelo de orientación laboral a lo largo de la vida del trabajador.

En materia de salud laboral la Mesa de Diálogo Social diseñará y activará acciones periódicas de formación y reciclaje dirigidas a delegados de prevención y elaborará un registro de estos delegados como instrumento de apoyo a la formación.

Por lo que respecta a la igualdad, el compromiso es mejorar los mecanismos de conciliación corresponsable a través de la negociación colectiva y poner en marcha la metodología pactada el año pasado para la implantación voluntaria en un grupo de empresas previamente seleccionado de planes de igualdad para elaborar posteriormente unos criterios generales.