Las recomendaciones del Pacto de Toledo ven la luz tras 4 años de trabajo

El Pacto de Toledo ha acordado por unanimidad cerrar los trabajos iniciados en septiembre de 2016 sobre las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social y entre las que destaca el protagonismo del IPC para revalorizar las pensiones.

Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo han decidido este viernes, tras cerrar casi 20 recomendaciones, que el dictamen de la comisión -esencia de todas las propuestas- se votará el próximo martes 27 de octubre en una comisión abierta en el Congreso.

Fuentes de varios partidos han señalado que existe un alto grado de consenso para que no haya votos en contra, aunque sí se prevé que ERC y EH Bildu puedan abstenerse, al considerar las propuestas buenas, pero insuficientes.

De hecho, otras fuentes parlamentarias avanzan que VOX tendría "muy complicado votar en contra tras el desastre de la moción de censura al Gobierno" y que podría estar barajando también una abstención.

El texto que se eleva a comisión el próximo martes recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura.

De esta forma, el dictamen recomienda que el Estado financie vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El Pacto de Toledo aboga por que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales, los complementos a mínimos de pensión, así como los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas.

Todos los portavoces han valorado que las recomendaciones puedan por fin ver la luz tras 4 años de trabajo, ya que las últimas propuestas se remontan a 2011 y el Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años.

Sin embargo el IPC es el protagonista de la veintena de propuestas ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador que marca el coste de la vida dejando al margen la Ley que aprobó el gobierno del PP y que revalorizaba las pensiones el 0,25% anualmente.

Otras de las propuestas van dirigidas a poder elegir los 25 años mejores de cotización para calcular la pensión, a medidas que acerquen la edad real de jubilación a la edad legal con incentivos o desincentivos a las prejubilaciones y a estudiar fórmulas que no penalicen a determinados sectores que tienen carreras de cotización de más de 40 años.

Casi todas las recomendaciones ya estaban pactadas en 2019, pero el adelanto electoral frustró su aprobación, por lo que en esta legislatura lo que han hecho los portavoces es retocarlas y adaptar algunas a las nueva circunstancia económica provocada por la COVID-19 o a la inmigración.