Bizkaia plantea un peaje a camiones para incentivar el uso de autopistas
La Diputación de Bizkaia plantea incorporar, a partir de otoño de 2022 y de manera gradual, un sistema de peajes que incentive que los grandes camiones de más de 3,5 toneladas utilicen las vías de alta capacidad (autopistas) del territorio (AP-68, AP-8 y Supersur).
Para ello, se aplicará un canon a estos vehículos de transporte de mercancías mediante la colocación de unos 30 arcos de control en la N-240 (puerto de Barazar), BI-625, N-636 (Kanpazar), A-8 y el corredor del Txorierri. Estos arcos de control estarán equipados con detectores de tránsito e identificadores de vehículos para poder aplicar el canon sin detener el tráfico.
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha anunciado este iniciativa en la Comisión del área de las Juntas Generales de Bizkaia y ha destacado que se trata de "un sistema altamente implantado ya en toda Europa que se ha demostrado eficaz y va a contribuir decididamente a reducir las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen en esas vías, así como a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad en la red viaria".
En una comparecencia a petición propia, Pradales ha incidido en la necesidad de "encontrar un buen equilibrio entre el uso eficiente de la red de carreteras, su reordenación y la competitividad del sector del transporte de mercancías en Bizkaia, que no debe verse penalizado".
El diputado ha precisado que, para transitar hacia el nuevo modelo, es necesario contar con la "luz verde europea" y tramitar una norma foral en las Juntas Generales. Según ha avanzado, se buscará que esta norma foral tenga "la máxima seguridad jurídica" y será "especialmente cuidadosa para evitar cualquier discriminación directa o indirecta, por cualquier motivo, a la hora de la identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer las cuantías del canon".
Ventajas
Según los cálculos de la Diputación, los 4000 grandes camiones que hoy circulan un día de labor por carreteras comarcales se incorporarán a las autopistas (más de un millón al año). Ese trasvase supondrá, por ejemplo, en el tráfico en el corredor del Txorierri tanto como si se construyera un nuevo carril. En el valle de Arratia, se quitarían uno de cada dos camiones que circulan actualmente, o se restaría de un paraje natural como el puerto de Kanpazar uno de cada tres vehículos pesados.
También se prevé una reducción de una media del 10 % de los accidentes en estas vías comarcales, concretamente, del 58 % en la N-240 y de un 34 % menos en la BI-625.
Además, bajarán las emisiones un total de 7140 toneladas de CO2 al año, lo que supondrá una reducción superior al 12,8 % de las emisiones causadas por el transporte de mercancías.
Otro impacto se dará por el ahorro de tiempo, costes y menos recorridos. En concreto, se estima una reducción del 12,8 % de los kilómetros recorridos gracias a los trasvases hacia los grandes corredores: casi 13 millones de kilómetros menos, lo que se traduce en 1,9 millones de horas de conducción al año para el sector del transporte de mercancías.
El sector del Transporte, en contra
La Asociación de Transportistas Autónomos/as Vascos/as (Asotrava) se ha opuesto a la medida anunciada por la Diputación de Bizkaia, porque va a "ahondar en la crisis" del sector.
En un comunicado, Amaia Martínez, secretaria técnica de Asotrava, ha contestado que esta medida no se ha debatido ni consensuado con el sector, y la ha tachado de "lisa y llanamente recaudatoria, para cubrir el déficit de las cuentas públicas".
Para Martínez, imponer un canon a los camiones "no es fiscalmente progresivo, ya que los afectados, los transportistas, también somos clase trabajadora y este nuevo impuesto está especialmente dirigido a este sector".
Tampoco consideran "aceptable" justificarlo en base a la reducción de emisiones contaminantes, puesto que según Asotrava el sector del transporte profesional en la UE representa menos del 6 % de las emisiones de CO2. "El foco de la contaminación medio ambiental está claro que no está en el transporte, aunque se quiera poner en la diana", ha concluido Martínez.
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El fallo obliga además a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.