ELA rechaza el anteproyecto de ley de la RGI al considerar que consolida recortes

El sindicato ELA ha demandado este martes la retirada del anteproyecto del Gobierno Vasco para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) al considerar que supone una "consolidación" de recortes y mantiene la tónica de "criminalizar" a las personas perceptoras.

Los integrantes del gabinete de estudios de ELA Mikel Noval y Janire Landaluze han analizado en conferencia de prensa la reforma de la RGI planteada por el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y han sido muy críticos con su contenido.

Los representantes sindicales han explicado que las cuantías para esta ayuda social previstas en el borrador de la ley planteado son "muy inferiores" a lo que correspondería aplicar según lo establecido en la ley de 2008 para la RGI y han denunciado que la nueva reforma "consolida" los recortes introducidos en la prestación en 2012.

Según han detallado, la ley de 2008 fijó las cuantías respecto al Salario Mínimo Interprofesional (88 % para personas solas, 113 % para unidades de dos personas, 125 % para tres y el 100 % para pensionistas), de manera que de aplicarse esos criterios, los ingresos para una persona sola serían de 975 euros (en doce mensualidades) y de 1108 euros en el caso de pensionistas.

Tras los recortes aplicados hace una década, en 2012, la prestación es de 706 euros mensuales para una persona sola y de 810 euros la cuantía máxima para un pensionista.

Con la reforma planteada, la RGI ordinaria quedará de manera similar y la prestación para las personas pensionistas subirá hasta 893 euros, inferior, según han insistido, a lo que correspondería de aplicarse la ley de 2008.

Los representantes de ELA también han alertado de que la reforma planteada "incorpora más retrocesos" y han criticado que desaparece la prestación complementaria de vivienda y que se proponga 2 años mínimo de empadronamiento si hay menores (3 años en los demás casos) al considerar que supone un recorte respecto a 2008 (de un año).

Mikel Noval ha denunciado, asimismo, "la constante campaña de criminizalización" de los perceptores de RGI al opinar que el anteproyecto continúa la tónica en ese sentido de reformas planteadas anteriormente.

Los representantes de ELA han censurado, en este sentido, que la reforma "además de mantener la renovación cada dos años, añade una actualización trimestral de la cuantía, procedimientos de control que pueden durar hasta seis meses" con "técnicas biométricas e inteligencia artificial" para comprobar la titularidad de los perceptores, e "inspecciones por parte de inspectores de Lanbide que actuarán como agentes de la autoridad".

Según ha lamentado Noval, "mientras empresas como Tubacex o Petronor no pagan ni un euro por sus beneficios en el Impuesto de Sociedades a pesar de que esos beneficios son millonarios, se pone la lupa del estigma del fraude sobre la gente que está en peor situación" cuando el nivel de fraude en las prestaciones sociales es "residual".

Los representantes de ELA también han censurado que la reforma planteada no contempla "ninguna" de las demandas reclamadas en la ILP -Iniciativa Legislativa Popular- presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, cuyo trámite fue rechazado en el Parlamento Vasco.