El Gobierno Vasco aprueba el anteproyecto de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión

El anteproyecto de la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión ha sido aprobado por el Gobierno Vasco, según ha anunciado la consejera de Trabajo y Empleo y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, y comenzará en breve su andadura en el Parlamento Vasco para el debate entre los grupos.

La nueva ley integra el Ingreso Mínimo Vital en el sistema vasco, tras su traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca; amplía los casos que quedan cubiertos; mejora las cuantías, sobre todo en las unidades convivenciales donde hay menores, y "simplifica y agiliza" la gestión hacia un modelo más "ágil, moderno y claro".

Según ha explicado el Ejecutivo, este anteproyecto bebe de tres décadas de "éxito" en el sistema de prestaciones y tiene como objetivo afrontar las "amenazas" al mismo. En palabras de Mendia, la ley se ideó "en un periodo de recuperación tras la crisis financiera", y el anteproyecto se ha redactado "en medio de todas las incertidumbres generadas por la crisis pandémica, y la aprobamos en el Gobierno en medio de nuevas amenazas para nuestro sistema de bienestar".

Cobertura y cuantía ampliadas

La consejera ha detallado que la ley mejora el sistema para las mujeres, en caso de separación, —"se elimina un requisito que les penalizaba especialmente, como el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones"—, conciliación y violencia de género, trata y explotación sexual; para los menores, pues no contempla tope de complementos y se mantiene la prestación aunque haya ciertos incumplimientos; para personas con discapacidad, ya que se rebaja la exigencia de empadronamiento con el 33 % de discapacidad reconocida; para víctimas del terrorismo, a quienes no se les exige estar previamente empadronadas; para pensionistas, y para personas refugiadas.

Este anteproyecto prevé que las cuantías se actualicen cada año mediante los Presupuestos de la CAV, pero la base será la misma reconocida en el IMV. "Esta decisión pretende dar coherencia a la integración de esta prestación, sobre todo para quienes tienen derecho a percibirla y, a partir de ese suelo, complementarla con la RGI, unas 17 000 personas en la actualidad", ha dicho Mendia.

La cuantía se mejora "en cualquiera de las situaciones vulnerables", en palabras de la consejera, hasta un 40 % con menores – "se elimina el número máximo de personas beneficiarias, y todas suman en la misma proporción"- y hasta un 17 % en pensionistas.

De entrar en vigor este año tal y como está redactado el anteproyecto, según los datos facilitados por el Gobierno Vasco, el menor cambio sería para una persona adulta sola, que pasaría de percibir 727 euros a 737,45, y la mayor mejoría sería en el caso de una unidad de dos personas adultas y tres menores, que pasarían de 1.033 euros (invariable a pesar del número de menores) a 1425,72 euros.

La consejera ha explicado que, a pesar de que en la coyuntura actual cada vez menos personas perciben la renta de garantía de ingresos, habrá un incremento del gasto en inclusión en la CAV, debido a las "nuevas cuantías y nuevos supuestos" que se recogen en la ley.

Entre otras novedades, el texto también prevé crear una unidad de inspección, así como la elaboración de un plan anual que controle el cumplimiento de los requisitos. Igualmente, la ley "refuerza" el diálogo entre los servicios sociales y de inclusión, y asegura que Lanbide ofrecerá a las personas beneficiarias al menos una oferta de empleo o una actividad formativa.

Tramitación parlamentaria

Tras explicar que el anteproyecto ha incorporado muchas alegaciones en diversos borradores durante un "largo" proceso de redacción en el que han escuchado a beneficiarios, instituciones, sindicatos y grupos parlamentarios, la consejera ha pedido una "rápida tramitación" en la Cámara Vasco. "No estamos pidiendo adhesiones ni hurtar ningún debate. Pero aquí están muchas aportaciones realizadas ya durante varios meses en la pasada legislatura", ha declarado.

De hecho, Mendia pedirá que se habilite el mes de julio para que el Parlamento siga trabajando en su tramitación y así, "a la vuelta de verano, estar en condiciones de constituir la ponencia" que redacte el texto definitivo de la ley, que espera que esté aprobada definitivamente en Navidades.

El Ejecutivo está "volcado en tener Lanbide preparado para afrontar este nuevo reto". "Y es el momento en que desde todos los ámbitos ofrezcamos a la ciudadanía señales de que estamos dispuestos a profundizar en nuestro modelo de cohesión social.", ha concluido Mendia.