El Gobierno Vasco reservará el 30 % de las viviendas protegidas a rentas medias

El Gobierno Vasco ha iniciado este jueves la tramitación de una nueva norma que reformará el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, Etxebide, que prevé reservar el 30 % de las viviendas protegidas a rentas medias y trabajadoras, unidades convivenciales con ingresos anuales de entre 20 000 y 46 000 euros.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha explicado que esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida a personas que, "sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo". 

En todo caso, desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana insisten en que la nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema. 

Otra de las novedades previstas es la recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior.

La iniciativa se encuentra desde hoy en fase de consulta previa a la ciudadanía, antes de la redacción del texto normativo.

La nueva norma también prevé dar mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción en Etxebide, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. 

Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años.

El decreto también permitirá desarrollar y consolidar un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas. 

En el caso de los jóvenes, deberán tener unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46 000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional.

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.