Pensionistas, sindicatos y agentes sociales se unen a la convocatoria de manifestación del 19 de noviembre

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, los sindicatos y agentes sociales que conforman la Carta de Derechos Sociales y varios colectivos y sindicatos han anunciado que se unirán a las manifestaciones de confluencia que tendrán lugar el próximo 19 de noviembre en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Del mismo modo, han condenado que la alternativa de los poderes públicos ante la actual crisis sistémica pase por "acumular una riqueza cada vez mayor empobreciendo a la clase trabajadora, recortar los servicios públicos, condenar a las mujeres a trabajos de cuidado sin reconocimiento y destruir los ecosistemas y biodiversidad del planeta".

La Carta de Derechos Sociales llamó en octubre a movilizarse en las capitales de Hegoalde "contra el proceso de empobrecimiento y encarecimiento de la vida". Ahora, diversos agentes sociales han confirmado que se trata de una convocatoria conjunta.

Además de la pérdida de poder adquisitivo fruto de los sueldos y pensiones actuales (subrayan que afecta especialmente a las mujeres), han denunciado en una nota que la sociedad sufre un ataque directo a sus derechos. Según han explicado, ello conlleva el precio desmedido de la vivienda y el alquiler, el empeoramiento de los servicios públicos y una crisis climática que prioriza las ganancias de los oligopolios energéticos.

Además, han destacado que es "inaceptable" que, mientras se les recortan derechos a trabajadores, pensionistas o personas que reciben prestaciones sociales, "las empresas del Ibex 35 obtengan récord de beneficios". De hecho, "en 2021 sus beneficios han aumentado un 83% respecto del 2019", y en 2022, en plena crisis energética, "estas empresas siguen batiendo récord de beneficios".

Por ello, en contra de la pretensión de "dividir" a la sociedad, han invitado a luchar juntos, con las siguientes reivindicaciones: un salario mínimo de 1400 euros, unas pensiones mínimas dignas de 1080 euros, acabar con la brecha salarial de salarios y pensiones (que suponen en el primer caso alrededor de un 24% y en el segundo de un 37%), una red pública universal de servicios sociosanitarios de atención y cuidados y la inmediata paralización de los recortes que se vienen dando en la RGI.

Así, han pedido a los gobiernos de la CAV y Navarra que hagan lo necesario para garantizar unos servicios públicos, pensiones y sueldos dignos; para que todas las personas, hombres y mujeres, personas migradas o racializadas, jóvenes o mayores, tengan acceso a unas condiciones de vida dignas.

"Esto no es una simple manifestación", han concluido, "es una oportunidad histórica para conseguir nuestras reivindicaciones más urgentes. Es el momento de un cambio de rumbo radical de sistema y por ende de las políticas públicas que se aplican en estos momentos".