La Comisión de Trabajo del Parlamento Vasco aprueba el dictamen del proyecto de Ley de Garantía de Ingresos

La Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles el dictamen del proyecto de Ley el Sistema Vasco de la Garantía de Ingresos y para la Inclusión, un texto acordado por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, que, tras la superación de este trámite, tan solo está pendiente de su aprobación definitiva por parte del pleno de la Cámara.

El grueso del dictamen se ha aprobado con el voto afirmativo de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que EH Bildu se ha abstenido y PP+Cs ha votado en contra. Vox fue la única formación que solicitó, en el pleno del pasado mes de octubre, la devolución al Gobierno Vasco, pero su enmienda de totalidad fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.

La aprobación de este proyecto del Gobierno Vasco ya estaba garantizada desde un principio gracias a la mayoría parlamentaria que suman los partidos que integran el Ejecutivo (PNV y PSE-EE). No obstante, con el acuerdo suscrito por jeltzales y socialistas con Elkarrekin Podemos-IU a principios de octubre, el texto cuenta con el respaldo de 47 parlamentarios.

Cuantía mínima de 803 euros, en la RGI

El acuerdo alcanzado entre estas tres formaciones establece un incremento de las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y fija el mecanismo de actualización de las mismas atendiendo a la tasa de riesgo de pobreza calculada en la 'Encuesta de Condiciones de Vida' del INE para el conjunto del Estado o a la 'Encuesta Oficial de Pobreza y Desigualdades de Euskadi'. Según los datos aportados por Elkarrekin Podemos, este mecanismo supone que la cuantía mínima de la RGI sería de 803 euros; de hecho, el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para el próximo año destina 312 millones de euros a la RGI, con la previsión de que la cuantía de esta prestación se incremente un 8,5 %, y, además, se consignan 173 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital y 80 millones de euros para Prestación Complementaria de Vivienda.

En paralelo, se prevén medidas para "minimizar" el riesgo de que haya perceptores que se queden sin cobertura por eventuales defectos de forma, "sufriendo así perjuicios de difícil o imposible reparación en sus proyectos vitales", según ha explicado Elkarrekin Podemos.

También se ha recogido en el texto la eliminación del requisito de empadronamiento previo a colectivos vulnerables, como las personas refugiadas, las víctimas de trata y explotación sexual, las víctimas de violencia machista y otras. A su vez, se reducirá a un año ese requisito para las familias con menores a cargo o mayores dependientes o con discapacidad.

Además, se han establecido modificaciones en el sistema de inspecciones, con la intención de hacer "más respetuosa y garantista" la tramitación, percepción y seguimiento de las prestaciones sociales recogidas en la ley, que contempla un refuerzo de Lanbide, el organismo que gestiona la RGI, para lo que se apuesta por dotarlo de personal suficiente y con formación específica.