El Parlamento Vasco aprueba la Ley del Empleo Público

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley del Empleo Público, que organiza y regula la actividad de más de 100 000 empleados y empleadas que trabajan en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). La norma regula todos los aspectos del desarrollo profesional y define y consolida un modelo propio de empleo público vasco.

El proyecto de ley, aprobado en consejo de gobierno hace más de un año, tiene como objetivo "modernizar y armonizar" la función pública, así como actualizar la Ley de Función Pública actualmente en vigor desde hace 32 años.

Según lo previsto, la norma ha salido adelante con los votos a favor de los socios del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) y la abstención de PP+Cs, quien pactó en comisión la creación de la escala de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, que facilitará que estas plazas salgan a concurso público.

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y Vox han votado en contra. La coalición abertzale considera que la ley no da pasos hacia la euskaldunización y ha advertido de que "no corrige la anomalía" que a su juicio supone que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea no puedan trabajar en las administraciones públicas. En la misma línea, la coalición morada ha lamentado que "se ha perdido una oportunidad" para que personas sin nacionalidad española accedan a la Función Pública ya que lo acota a plazas muy específicas. Vox ha afirmado que la norma es un ejemplo de las diferencias de condiciones laborales y salariales entre los funcionarios autonómicos y los del Estado.

Contratación de trabajadores extracomunitarios en determinados sectores

Entre las novedades, la ley abre la puerta a la contratación de trabajadores extracomunitarios (de fuera de la UE) aunque siempre que sea "por razones de interés general en determinados ámbitos". En concreto, se acota a puestos especializados en Medicina y Enfermería, a personal de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y a plazas de ertzainas y policías locales en las que se requiera el conocimiento de lenguas extracomunitarias.

Además, la norma fija diferentes modalidades para que el personal funcionario puede ir progresando dentro de la Administración y contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de méritos, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo.

Además, busca una mayor coordinación del empleo público en el entramado institucional vasco y se dota de un nuevo órgano: la Comisión de Coordinación del Empleo Público, donde las diferentes instituciones podrán compartir experiencias, aunar criterios o promover políticas comunes para el personal empleado público.

Incorpora, asimismo, principios de igualdad de género, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia machista, y respecto al euskera, contiene medidas para que sea una lengua de servicio y trabajo, al igual que el castellano. También incluye la convocatoria de procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual .

A su llegada al Parlamento, la consejera vasca de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha asegurado que la ley es "muy importante", aunque ha precisado debe ser desarrollada a partir de "una ley sectorial que lo matice". De esa forma, ha indicado que la Ley de Empleo Público ofrece "un marco o un paraguas", que luego ha de ser desarrollado.

Los sindicatos, en contra

Todos los sindicatos con representación en la función pública han criticado la ley impulsada por el Gobierno Vasco. LAB se ha concentrado en el exterior de la Cámara bajo el lema  "Esta Ley Vasca de Empleo Público no es de las y los trabajadores".

Según ELA, mayoritario en el sector, "el proyecto tiene más de diez años, no ha sido aprobado en las tres anteriores legislaturas y tiene el rechazo frontal de todos los sindicatos", ha criticado, para denunciar que este proyecto presentado por el Gobierno Vasco "somete a los empleados, así como a los servicios públicos, a los intereses privados y apuesta por perpetuar la temporalidad, la privatización, la destrucción de empleo y los recortes, principales problemas del sector público vasco".

LAB, quien ha calificado la norma de "neoliberal y subordinada", asegura que "la única novedad es que se contempla la posibilidad de rechazar el criterio de nacionalidad para varios puestos y esto, más que reconocer y reparar la aportación de diversos sectores de la sociedad, deja aún más en evidencia la instrumentalización de los trabajadores, y es totalmente xenófobo".

UGT-Euskadi también ha mostrado su rechazo "rotundo" a la ley, porque en su opinión "limita la participación" de los representantes de los trabajadores y "discrimina la participación de toda la ciudadanía por desconocer una de las dos lenguas oficiales". Además, ha incidido en que la ley "establece la figura de los directivos 'profesionales', desvirtuando la objetividad e imparcialidad propia de la función pública".

ESK también ha criticado ese mismo aspecto y ha pedido a jeltzales y socialistas "que defiendan la máxima de que nadie sobra en Euskadi" y eliminen de la Ley de Empleo Público el requisito de nacionalidad y para sustituirlo por el de residencia, "permitiendo el acceso al Empleo Público Vasco en cualquier ámbito y en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía".