El Gobierno Vasco notifica al Ministerio el requerimiento para anular el cambio estatutario de la DOCa Rioja
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha notificado este miércoles al Ministerio de Agricultura un requerimiento para que anule, revoque o derogue la orden por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como la resolución que modifica el Pliego de Condiciones de esta DOCa, al considerar que se trata de modificaciones "restrictivas desde el punto de vista de la competencia".
El Gobierno Vasco aprobó en el Consejo de Gobierno de la semana pasada formular este requerimiento al Ministerio, autorizando, en caso de que fuera rechazada la demanda, la interposición de los recursos contencioso-administrativos correspondientes, según ha recordado el propio Ejecutivo en un comunicado. Los tres consejeros socialistas se opusieron a esta decisión.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que ambas disposiciones son contrarias a derecho y establecen una exclusividad en la producción de las viñas inscritas en la DOCa Rioja, lo que conlleva "la obligación de destinar toda la uva obtenida en viñedos inscritos en el Registro de Viñas de la DOCa Rioja exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos".
El Gobierno Vasco entiende que con estas modificaciones "se impide que los diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja".
El Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco entiende que, de esta manera, "se ponen trabas a los asociados que pretendan destinar su uva a la elaboración y comercialización de otros vinos al margen de la Denominación Rioja".
El Gobierno Vasco entiende que se trata de "una medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia" y que "perjudica al sector".
Además, considera que los cambios introducidos en la DOCa "suponen un límite al derecho de libertad de empresa, ya que se obliga a los viticultores (que se dedican al cultivo de la vid) a destinar su vino exclusivamente a la Denominación Rioja".
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que esto supone "una discriminación entre viticultores y vinicultores", ya que "a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla solo a DOCa Rioja, mientras que las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, pueden operar en distintas denominaciones de origen".
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