La auditoría de los trenes 'que no cabían por los túneles' revela numerosos errores de Adif, Renfe y CAF

La auditoría que encargó el Ministerio de Transportes para dilucidar los problemas vinculados al pedido de trenes destinados a Cantabria y Asturias 'que no cabían por los túneles' por incumplir el gálibo revela numerosos errores de coordinación entre todas las empresas relacionadas, las públicas Adif y Renfe y la privada CAF.

El desencadenante fue la publicación por parte de Renfe de unos pliegos del contrato que contenían información errónea de las medidas de estos trenes, que ninguna de las empresas que pujó por el mismo fue capaz de encontrar, según consta en la auditoría publicada ahora por el Ministerio.

Por su parte, Adif le entregó una documentación a CAF en noviembre de 2020 en la que ya se evidenciaba que había un problema con las medidas antes de la firma del contrato. Sin embargo, esta empresa pública no trasladó esta información vital a Renfe, que seguía desconociendo este problema.

Esto supone, además, que CAF era plenamente consciente --o al menos tenía en sus manos la documentación para serlo-- de la imposibilidad de llevar a cabo el contrato y, aun así, lo firmó 54 días después, ocultándole este hecho a Renfe.

En ese momento, Adif y CAF ya conocían el problema de los gálibos y Renfe lo descubrió en enero de 2021 --una vez el contrato ya estaba firmado-- en una reunión con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), lo que le llevó a paralizar inmediatamente la ejecución del contrato.

Es decir, en enero de 2021, apenas un mes más tarde de la firma del contrato, todas las partes eran conocedoras y aun así no lo comunicaron públicamente, ni siquiera a las autoridades involucradas de Cantabria y Asturias. Y pese a ser las dos públicas dependientes del Ministerio, tampoco a la ministra de ese momento, Raquel Sánchez.

Pero en abril de 2022, Renfe sí se reunió con representantes del Ministerio, en concreto con el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y con personal de la secretaría de Estado, en ese momento en manos de Isabel Pardo de Vera, y pese a ello la información continuó sin trascender.

No fue hasta febrero de 2023 cuando se hizo público que la ejecución del contrato se retrasaría al menos en dos años tras haber encontrado una solución, llamada el 'método comparativo', que es usar un tren ya fabricado que servirá de guía para los nuevos. No obstante, el daño a la prestación del servicio público en esas comunidades ya estaba hecho.

Fruto de este análisis, la auditoría realiza una serie de recomendaciones a las empresas públicas involucradas, entre las que destaca el instar a Renfe a analizar las posibles responsabilidades en la que ha podido incurrir CAF por la "ocultación de información".