El Gobierno de Sánchez mantendrá los impuestos a la banca y las energéticas pese a la pérdida de apoyos

El Gobierno de España mantiene su compromiso de convertir en permanentes los gravámenes sobre banca y energéticas a pesar de las crecientes presiones empresariales y de que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios para hacerlo, ya que sus socios empujan en direcciones opuestas.

La conversión de estos gravámenes extraordinarios y temporales en impuestos permanentes es un compromiso tanto del acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar como del plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana, según ha recordado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con EFE.

Sin embargo, en los últimos días la adopción de esta medida se ha complicado después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazara con retirar inversiones y Junts dejara en el aire su apoyo a los futuros presupuestos de 2025 si finalmente se mantiene el impuesto energético. También el lehendakari, Imanol Pradales, y el PNV se han mostrado críticos con el impuesto.

En el lado contrario de la balanza, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal.

Unos gravámenes extraordinarios y temporales

Los gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas se adoptaron de forma extraordinaria para paliar los efectos de la crisis energética e, inicialmente, se planearon para dos ejercicios, 2022 y 2023, aunque posteriormente se ampliaron un año más, a 2024 (que se liquidará en 2025).

Este año, los gravámenes han recaudado 2.859 millones de euros, de los que 1.695 millones corresponden al bancario (que grava el margen de intermediación) y 1.164 millones al energético (que grava los ingresos de las actividades no reguladas en España).

El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales pasaran a ser permanentes -también el plan fiscal, en el que se consignan los correspondientes ingresos-, un proceso que implica su conversión en impuestos, algo que solo puede hacerse a través de una ley.

Este proceso, por el momento, no ha comenzado y es difícil que pueda culminarse antes de final de año -incluso aunque se utilice una proposición de ley o una enmienda en otra ley-, por lo que una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.