ELA rechaza el acuerdo alcanzado en Madrid y exige que los salarios públicos vascos "se decidan aquí"
El sindicato ELA ha llevado a cabo una manifestación frente al Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para pedir que las condiciones laborales del personal público "se decidan aquí" y no en Madrid. Así, han rechazado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y los sindicatos mayoritarios a nivel estatal. Según el pacto, los salarios públicos se incrementarán un 11 % en cuatro años (2025-2028), un incremento que el Gobierno Vasco aplica a sus empleados y empleadas.
El secretario general de la federación de servicios públicos Gizalan de ELA, Igor Eizagirre, ha denunciado que el Gobierno Vasco, una vez más, pretende "dejar en manos de Madrid" las condiciones laborales de sus 115 000 trabajadores, al aplicar la subida que se fija para todo el Estado. "Nuestros parlamentarios no pueden aceptar una subida salarial que han acordado en Madrid a espaldas de los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Un acuerdo que supone una nueva perdida de poder adquisitivo y sin vinculación al IPC", ha precisado.
La central abertzale afirma que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los años 2022-2025 ha sido del 8,6 %, y ahora "para 2026 se acuerda una subida del 1,5 % cuando el IPC es del 3,1 %".
En los últimos años, ha subrayado Eizagirre, el Parlamento Vasco "ha rechazado usar sus competencias en materias como el salario y el empleo de la plantilla del Gobierno Vasco", y la consecuencia es que el 42 % de la plantilla de la administración general vasca es temporal.
En la concentración, ELA también ha denunciado que el euskera sigue siendo una lengua secundaria y las cargas de trabajo, la no sustitución y la excesiva burocratización tienen efectos graves sobre la salud laboral de la plantilla. "Con estas condiciones laborales no es posible garantizar unas prestaciones de calidad a la ciudadanía y acabar con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores", ha asegurado Eizagirre.
Por ello, ELA ha pedido a los grupos políticos con representación en el Parlamento que modifiquen su posición y tomen decisiones en materia salarial y de empleo en los presupuestos vascos.
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