Francia aprueba hoy la controvertida ley de espionaje antiterrorista

El controvertido proyecto de ley de espionaje antiterrorista presentado por el Gobierno francés será votado hoy por los diputados, que lo aprobarán con una amplia mayoría puesto que cuenta también con el respaldo del principal grupo de la oposición, la conservadora UMP.

La contestación al proyecto se ha concentrado fuera del hemiciclo, donde multitud de asociaciones de defensa de los derechos humanos han criticado un proyecto que, según denuncian, supone un retroceso en las libertades.

Ante esa oposición, el presidente francés, François Hollande, anunció que el texto será sometido al Consejo Constitucional para asegurarse de que no contraviene la Carta Magna. Lo hará cuando la ley, que a finales de mes será sometida al Senado, esté definitivamente aprobada.

El primer ministro, Manuel Valls, impulsor del proyecto, considera necesario dotar a los servicios secretos franceses de nuevas herramientas para combatir una amenaza terrorista creciente y más sofisticada.

El jefe del Gobierno recordó que la actual ley en vigor data de 1991, cuando no había ni telefonía móvil ni internet. Dos terrenos en los que la nueva norma pretende otorgar a los agentes mayor libertad de vigilancia y seguimiento de sospechosos, lo que ha provocado que la ley sea considerada "liberticida".

El nuevo texto enmarca y legaliza las escuchas y seguimiento electrónico de sospechosos, controladas por una comisión administrativa de nueva creación formada en su mayoría por magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional.

Salvo en momentos de urgencia, será ese organismo el encargado de autorizar el seguimiento electrónico de sospechosos.

Las claves de ley

La ley permitirá las escuchas telefónicas y el seguimiento de las comunicaciones a través de internet de los sospechosos, pero también de personas de su entorno.

Sus defensores lo justifican porque los hermanos Kouachi, autores del atentado de enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo, se comunicaban con los teléfonos de sus esposas antes de cometer los ataques.

Quedarán fuera de estas escuchas los periodistas, parlamentarios y abogados.

La ley autoriza también el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía.

También regula el uso de las balizas de interceptación de conversaciones de telefonía móvil, un aparato del tamaño de una maleta que permite escuchar todas las comunicaciones que se efectúen en un determinado perímetro.

Además, el Gobierno tendrá la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista.

Entre los puntos más polémicos del proyecto está la extensión de la vigilancia a las prisiones, una medida que cuenta incluso con la oposición de la ministra de Justicia, Christiane Taubira.

Igualmente ha mostrado su rechazo al texto la Comisión Nacional de Informática y Libertades, un organismo independiente destinado a salvaguardar la vida privada en la red.

Entre las organizaciones que se han opuesto a la ley están los sindicatos de magistrados, las operadoras de internet y numerosas asociaciones de defensa de derechos humanos.