40 años de la Marcha Verde, 40 años de indiferencia internacional
Hoy se cumplen 40 años de la Marcha Verde y El Aaiún está lleno de banderas marroquíes y de policías; los llamados "independentistas del interior" ni siquiera se plantean salir a la calle a reclamar sus derechos: "Sería imposible: la relación de fuerzas es aplastante", dicen.
El independentismo saharaui recuerda constantemente el "estado de excepción" en el que vive el territorio del Sáhara Occidental bajo administración marroquí.
La Misión de la ONU en el Sáhara (Minurso) es la única del mundo que no tiene mandato para vigilar los derechos humanos, después de que Marruecos se opusiera por todos los medios a dotarla de esas competencias, como pretendió en 2013 Estados Unidos en un pulso que Rabat terminó ganando.
Es el derecho de manifestación y protesta el que más atropellos sufre en el territorio: la Policía marroquí impide desde siempre cualquier conato de manifestación de signo independentista, según denuncian repetidamente organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, además de las saharauis.
Represión
Cuando, pese al despliegue policial, los saharauis salen a la calle, la represión suele ser sin contemplaciones, reconoce Mohamed Salem Cherkaui, responsable local de la Comisión Regional de Derechos Humanos (órgano oficial y consultivo).
La Asociación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVVDH, independentista) tiene contabilizados a 54 presos políticos, aunque sus condenas nunca son por delitos de opinión, sino por delitos como "agresión a agentes", "destrucción de bienes públicos" o "resistencia a la autoridad", relata su secretario general, Brahim Dahan.
Cherkaui admite que algunas condenas a saharauis esconden delitos de opinión, pero se resiste a calificarlos de "presos políticos".
Gdaim Izik
Entre los presos saharauis más emblemáticos figuran los 21 condenados en 2013 por los disturbios del campamento de Gdaim Izik, en los que fueron asesinados once agentes marroquíes.
Según un comunicado conjunto emitido hoy por HRW, AI, la ASVVDH y Cristianos por la abolición de la tortura, los 21 fueron condenados sin pruebas ni testigos, basándose solo en confesiones obtenidas bajo tortura, y nunca se probó su relación con los crímenes.
En lo referente a la libertad de asociación, solo una organización independentista, la ASVVDH, ha sido legalizada por las autoridades y ya dispone de un local. Otras, como CODESA (también de derechos humanos), dirigida por Aminatu Haidar, o las que defienden los recursos naturales, la ecología o los derechos de las mujeres, siguen en la ilegalidad.
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