Líbano, en estado de emergencia por la explosión y el coronavirus
El Parlamento libanés aprobó el jueves el estado de emergencia en Beirut declarado la semana pasada por el Gobierno, tras la gran explosión que dejó al menos 177 muertos y 6000 heridos. Además se prorrogará esa situación por el coronavirus, ante las dificultades del sistema sanitario para tratar a las víctimas de la tragedia.
"Líbano se está muriendo ante nuestros ojos", afirmó en la sesión de ayer el presidente del Parlamento, Nabih Berri, quien agregó que lo que único que le queda es una "cirugía" para poder salvarse de su peor crisis desde el final de la Guerra Civil.
Además, llamó a la formación "rápida" de un nuevo Gobierno que tenga como prioridades las reformas y la lucha contra la corrupción, después de que el gabinete del primer ministro Hasan Diab dimitiera en bloque hace tres días.
Doble emergencia
Casi al mismo tiempo, el ministro libanés de Sanidad en funciones, Hamad Hasan, ha anunciado que también se extenderá el estado de emergencia declarado en marzo por la pandemia de coronavirus, un mes más a partir del 18 de agosto.
Líbano declaró por primera vez el estado de emergencia el 15 de marzo por la COVID-19, pero había ido relajando las medidas por la baja incidencia de la enfermedad en el país.
Hasan ha justificado esta decisión por las previsiones de "un incremento en los contagios por coronavirus debido a las aglomeraciones que hubo en los hospitales tras la explosión y a la falta de mascarillas y de compromiso con las medidas de prevención en ese momento", explicó en una rueda de prensa.
El estado de emergencia otorga poderes al Ejército para actuar contra la libertad de reunión, de prensa y de expresión y para arrestar a toda aquella persona considerada una "amenaza" para la seguridad del país.
La investigadora para el Líbano de la organización Human Rights Watch (HRW), Aya Majzoub, aseguró que están "preocupados de que se use el estado de emergencia como pretexto para reprimir las protestas" antigubernamentales tras la explosión.
Los enfrentamientos se repitieron en los días posteriores, alimentados por la indignación popular por la explosión de 2750 toneladas de nitrato de amonio almacenados sin custodiar desde hacía seis años en el puerto de Beirut.
Según HRW y Amnistía Internacional, oficiales armados vestidos como civiles, el Ejército y las fuerzas de seguridad de Interior utilizaron una "fuerza excesiva" contra los manifestantes, un extremo que niegan estos cuerpos.
El FBI se une a la investigación
El subsecretario de Asuntos Políticos de EE.UU., David Hale, anunció el jueves durante una visita a Beirut que el FBI va a investigar, por invitación de las autoridades libanesas, lo sucedido en el puerto.
Hale, que se dirigió a la prensa después de recorrer el barrio de Gemmayze, uno de los más afectados por la deflagración, afirmó que durante su visita, que se prolongará hasta el sábado, se reunirá con políticos y autoridades, pero también con miembros de la sociedad civil y líderes religiosos.
El presidente del Líbano, Michel Aoun, el miércoles, que sabía de la existencia de una "gran cantidad" de nitrato de amonio en el puerto dos semanas antes del suceso.
Más de cuarenta expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron el jueves en un comunicado conjunto una investigación pronta e independiente para identificar a los responsables de la explosión, que "debería estar protegida de cualquier influencia indebida".
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