La Asamblea Nacional francesa aprueba la polémica ley de migración con los votos de la ultraderecha de Le Pen

El Gobierno de Emmanuel Macron ha aprobado en la Asamblea Nacional francesa el controvertido proyecto de ley de migración que endurece las disposiciones de entrada y permanencia en el país.

El texto ha sido aprobado gracias a los 268 votos a favor de una parte bloque macronista, los conservadores de LR y los votos decisivos de ultraderecha de Marine Le Pen (Agrupación Nacional, RN).

El objetivo de la nueva ley es hacer menos atractivo el modelo social francés que, según los conservadores, es el "más generoso" de toda Europa con los extranjeros.

Los tres grupos de izquierda de la Cámara Alta se han opuesto de manera enérgica a la discutida nueva legislación por sus disposiciones más estrictas y porque se reducen los beneficios de asistencia social para los extranjeros.

El texto, "el más regresivo" en las últimas décadas, según una declaración conjunta de varias decenas de ONG que trabajan con migrantes o en defensa de los derechos humanos, permite la regularización de trabajadores sin papeles, unos 10 000 por año, en sectores económicos en tensión, como la construcción o la hostelería.

Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses, el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar.

También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un período de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros.

Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos.

En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.

El texto votado es producto de un acuerdo alcanzado en una comisión mixta Asamblea-Senado, en la que había una clara mayoría de la derecha, y que endurece la propuesta inicial y se parece mucho a la que había aprobado inicialmente la Cámara Alta, de mayoría conservadora.

El golpe de efecto ha llegado cuando la líder ultraderechista Marine Le Pen ha anunciado que su partido apoyaría el texto y ha tratado de apropiarse de su aprobación, al proclamar "una victoria ideológica". Si bien, el partido de Le Pen cede finalmente en su política de no aceptar más inmigrantes de fuera de la Unión Europea.

El presidente francés hablará sobre la nueva ley de migración en televisión esta tarde, después de la aprobación final al impugnado proyecto de ley, mientras los tensos debates han expuesto las fisuras en su bando.

Normalmente, el bloque macronista y los conservadores del LR son suficientes para lograr la mayoría absoluta y tanto la primera ministra, Élisabeth Borne, como Macron buscaban que los votos de la ultraderecha no fueran decisivos en caso de deserción entre ellos.

Pero finalmente no ha sido así. El acuerdo ha disgustado a la izquierda del macronismo, y tres de los ministros que representan esta tendencia (Salud, Enseñanza Superior y Vivienda) han amenazado con dimitir. El ministro de Sanidad ya ha presentado su dimisión a pesar de que Macron ha asegurado que no ha recibido la baja.

La reforma puede ser inconstitucional

Born ha admitido que tiene "dudas" de que todos los artículos incluidos en la reforma cumplan con la Carta Magna, por lo que ha avanzado que el Gobierno pedirá la decisión del Consejo Constitucional.

La primera ministra ha advertido en una entrevista a France Inter de que algunas concesiones podrían haber superado el límite de la legalidad. "Por ejemplo, se prevé que si mañana alguien se casa con un canadiense o un japonés, no podrá venir a Francia si no habla bien francés", ha dicho, aludiendo a uno de los aspectos de fondo y forma con los que el Gobierno tiene ahora reticencias.

No obstante, Born ha explicado que ha pedido el voto a favor "para responder a las preocupaciones de los franceses" y durante la entrevista ha afirmado que "cree que ha cumplido con el sentimiento del deber".

"Queríamos votar un texto que recoja las medidas útiles, efectivas, que esperan nuestros ciudadanos, con dos objetivos: expulsar de forma más eficaz a los que no tienen derecho a estar en Francia y supervisar mejor las que queremos adoptar", ha resumido.