Entra en vigor en Australia la "histórica" ley que veta las redes sociales a menores de 16 años
Según el Gobierno australiano, los adolescentes sufren cada vez más presión en entornos digitales y su exposición precoz a las redes sociales puede agravar sus problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Esta ley pionera cuenta con partidarios y detractores; estos últimos consideran que la prohibición puede aislar y desconectar a los usuarios más vulnerables.
Un smartphone con la aplicaciones utilizadas habitualmente por los menores en Australia. EFE.
El organismo encargado de la seguridad en línea en Australia (eSafety) ha comenzado este miércoles a supervisar y hacer cumplir la nueva edad mínima para usar redes sociales, fijada en 16 años, una ley pionera con la que el Gobierno busca apoyar a las familias y proteger a los menores.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado hoy la entrada en vigor de la ley como un avance "histórico" y uno de los "mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas". Ha destacado que Australia se coloca "a la vanguardia mundial" y que otros países ya observan el proceso para replicarlo.
El Ejecutivo sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.
Miles de cuentas ya han sido bloqueadas o dadas de baja. La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, ha afirmado este miércoles que ya se han registrado más de 200 000 bajas solo en TikTok y que se esperan "cientos de miles más" en los próximos días. La medida impacta potencialmente a millones de menores australianos de entre 13 y 15 años, franja en la que el uso de estas redes es muy extendido.
El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo en los próximos meses, ya que el Ejecutivo señaló que también está considerando incluir a LinkedIn y Lemon8, si perciben que un gran número de adolescentes deciden comenzar a usarlas.
Mientras tanto, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de la prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.
La normativa obliga a las plataformas a tomar "medidas razonables" para verificar la edad de sus usuarios. Esto puede incluir sistemas de verificación de documentos de identificación, análisis automatizado de edad mediante IA, controles internos y bloqueo de cuentas sospechosas.
Si no aplican mecanismos adecuados de verificación, las plataformas pueden enfrentarse a multas que alcanzan hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros). Para los menores, las consecuencias se limitan al cierre o bloqueo de sus cuentas.
Partidarios y detractores
Los partidarios sostienen que la medida protege la salud mental y emocional de los menores, reduciendo su exposición a contenidos dañinos, acoso, adicción digital y presión social. Consideran que retrasar el acceso a las redes ofrece un entorno más seguro para el desarrollo.
Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta ('grooming'), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.
En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.
Los críticos advierten que la prohibición puede aislar a algunos adolescentes, limitar su participación social y generar exclusión digital. Además, dudan de la eficacia de las verificaciones de edad y señalan que muchos jóvenes podrían intentar eludir la norma mediante cuentas falsas, servicios no regulados y redes de conexión privada (las VPN).
Un informe de ONU Juventud Australia, elaborado tras conversaciones cara a cara con unos 5.000 adolescentes, cuestiona la eficacia del veto y advierte de efectos contraproducentes para adolescentes que dependen de las redes sociales para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad.
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