La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action

El Tribunal Superior de Londres ha declarado este viernes ilegal la prohibición el pasado julio por parte del Gobierno británico del grupo activista propalestino Palestine Action y su consideración como "terrorista", al concluir que fue una decisión "desproporcionada".

No obstante, la organización permanecerá proscrita hasta al menos el 20 de febrero, cuando en una nueva audiencia se determinarán los pasos a seguir después de que el Ejecutivo confirmara que recurrirá el fallo, que supone un importante revés para su política de seguridad.

Los tres jueces del Superior, presididos por Victoria Sharp, han señalado que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para realizar sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser clasificados como terroristas.

De acuerdo con la corte, el Estado ya posee herramientas legales para abordar cualquier delito cometido por la entidad, cuya misión declarada es boicotear a las empresas u organismos que apoyen o colaboren con el que consideran el gobierno "genocida" de Israel.

El proceso continúa

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, ha dicho que el dictamen supone "una victoria monumental tanto para las libertades fundamentales en el Reino Unido como para la lucha por la libertad del pueblo palestino, al anular una decisión que será recordada para siempre como uno de los ataques más extremos contra la libertad de expresión en la historia reciente británica".

El Gobierno ilegalizó a Palestine Action el 5 de julio de 2025, después de que miembros de la red vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton (sureste de Inglaterra).

Dijeron entonces que su acción era en protesta porque el Reino Unido estaba participando en la guerra en Gaza con el envío de material y permitiendo que esa base concreta fuera utilizada por aviones israelíes y estadounidenses para repostar combustible, algo que el Ejecutivo negó.

Poco después, Ammori impugnó la decisión adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, que incluía al grupo en la lista de organizaciones prohibidas en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.

La medida convirtió en delito la pertenencia o el apoyo al colectivo, castigado con penas de hasta 14 años de prisión.

Desde la entrada en vigor del veto, más de 2700 personas han sido detenidas por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.

En una vista celebrada en noviembre, el equipo legal de Ammori sostuvo ante el tribunal que la proscripción debía ser anulada, al argumentar que el grupo actuaba dentro de una "tradición honorable" de acción directa y desobediencia civil.

Los abogados del Ministerio del Interior defendieron a su vez que la prohibición había logrado el objetivo de "interrumpir el patrón de conducta escalatoria" del grupo y subrayaron que la medida no había impedido las manifestaciones en favor del pueblo palestino ni contra las acciones de Israel en Gaza.

Dado que, pese al fallo favorable, el grupo permanecerá de momento proscrito, la Policía de Londres ha anunciado este viernes un cambio en la manera de gestionar las protestas.

En lugar de detener, como hasta ahora, a quienes simplemente expresen apoyo a Palestine Action, los agentes se limitarán a "recabar pruebas" sobre los presuntos infractores a fin de proceder como convenga una vez se confirme el estatus definitivo de la organización.